Fue el juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, quien indicó que, ante la posibilidad de que Pedro Castillo haya cometido el delito de rebelión y conspiración en agravio al Estado, afrontaría una pena no menor de 10 años con restricción de la libertad.
Antes de que la Sala Penal Permanente rechazara el pedido de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo, el juez San Martín especificó en la misma audiencia que, “si bien es el inicio de la investigación”, lo aportado hasta ahora por la Fiscalía es suficiente para estimar tentativa de rebelión o conspiración cometida por el expresidente.
Se basó en la llamada que recibió el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, quien en la investigación detalló que recibió la comunicación de Willy Huerta, exministro del Interior, para que no deje ingresar a nadie en el Legislativo y se detenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
