Fiscalía Superior declaró nula la resolución que disponía no formalizar ni continuar con investigación preparatoria contra el ex gobernador del Gobierno Regional de Tacna (GRT), Juan Tonconi; ex gerente general del GRT, Luis Valdivia Salazar; ex gerente regional de asesoría jurídica, Hugo Juan Vargas Cancino; ex gerente regional de desarrollo económico, Gonzalo Arias Ramos; ex directora del programa multianual de inversión, Nélida Tico Coloma; ex director regional de vivienda, Ebert Luis Miranda Marca; e Ivan Jhony Copaja Aguilar, Arnold Elvis Condori Cutipa, José Luis Málaga Cutipe, Mario Orestes Urquizo Valdivia, Domingo Antonio Chong Ventura, Orietta Adriana Masa Paredes y Jorge Edwin Cuba Castro.
Son sindicados de presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en agravio del GRT, representado por Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna.
El caso se desprende de una denuncia efectuada por Mario Maquera Llanque en condición de presidente de la Asociación de Empresarios (Apertac) acusando al GRT de efectuar en diciembre de 2019, mediante comité especial (integrado por los exfuncionarios ya mencionados), un desalojo del predio (Apertac) de 35 hectáreas, ubicadas al costado del aeropuerto Carlos Ciriani Santa Rosa, para el programa de vivienda Suma Uta beneficiando a la vez presuntamente al Grupo Inmobiliario Altitud SAC que – según el denunciante- terminó a cargo de la obra recibiendo la misma previa tasación efectuada por la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles (OEABI) y posterior asignación presupuestal.
«Haber dispuesto dinero y mandar a tasar el terreno para luego entregarlo a la empresa Grupo Inmobiliario Altitud SAC evidenciaría una conducta ilícita, ya que la función del gerente general Luis Valdivia (que integró comité especial) no es ordenar tasar terrenos para luego promover y entregar el terreno (a la referida)», se lee en el documento como argumento del denunciante.
El dirigente solicitó la exclusión de la fiscal Naydú Lazo por «no aperturar investigación por los delitos de colusión y tráfico de influencias», pero este fue declarado improcedente debido a que «no expone de forma precisa (…) qué motivos graves afectarían la imparcialidad de la citada fiscal provincial» más allá de señalar «que es evidente la infracción por ausencia de motivación», se lee.
Celeridad
Sobre el tema, el consejero Aldo Ticona comentó que más denuncias se vendrían al pesar sobre la gestión saliente una serie de irregularidades por lo que, pidió a los operadores de justicia sean céleres en los procesos.
