Las empresas que con medidas cautelares y sentencias judiciales irregulares lograron ingresar al país autos usados con una antigüedad superior a la permitida por ley tendrán que devolver dichos vehículos al depósito de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
Así lo advirtió la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La medida se aplicaría a las unidades importadas a partir del 6 de noviembre de 2008, fecha en la que el Tribunal Constitucional (TC) emitió su primer fallo vinculante sobre el tema.
En aquella oportunidad, el citado tribunal declaró improcedente la acción de amparo de la empresa Word Cars Import, que pretendía ingresar al país 28,850 autos usados. La legislación peruana solo permite la importación de vehículos de “segunda mano’ con una antigüedad no mayor de dos años si son petroleros o no mayor de cinco años si son gasolineros.
SON MÁS DE 10 MIL. A pesar de tal precedente, en los últimos dos años, cerca de ocho empresas dedicadas a esta actividad han continuado buscando medidas cautelares en diferentes instancias del Poder Judicial –sobre todo en provincias– para seguir comercializando este tipo de vehículos en el país que, en su mayoría, son considerados “chatarra’ en sus países de origen (Japón, Corea, Estados Unidos).
Según cálculos de la Procuraduría del MTC son alrededor de 10 mil los vehículos importados irregularmente que tendrían que ser devueltos. Si ello no fuera posible, pues lo más probable es que algunos hayan sido vendidos y otros se encuentren en almacenes, la compañía que las ingresó tendrá que indemnizar al Estado por el valor de cada unidad.
Así lo precisó Carlos Muñoz, abogado de la Procuraduría del MTC. Detalló que el pedido ante las instancias judiciales que autorizaron el ingreso de estas unidades lo han efectuado tanto la Sunat como el Ministerio de Transportes.
YA VIENE LA DEMANDA. Por su parte, el procurador del MTC, Jaime Vales, estimó que en 20 días su despacho tendrá lista la argumentación de la demanda que prepara contra las empresas importadoras con el fin de que indemnicen al Estado Peruano por los daños que a la salud, al parque automotor y al ambiente ha ocasionado su ilícita actividad.
“Hemos solicitado información al Ministerio de Salud, a la Sunat, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, a la Asociación de Representantes Automotrices y a organismos no gubernamentales”, anotó.
