La congresista y expremier, Betssy Chávez, señaló que se allana al informe final de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que propone acusarla junto a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.
«Primero voy a decir que me allano. Creo yo que la mayor necesidad es que las personas no se vendan ni compren, sean sinceras y honradas», inició Betssy Chávez en su defensa ante el Parlamento.
«Yo considero que en estas condiciones vendrá un Parlamento igual o peor que este (…) Necesitamos recuperar el respeto por la institucionalidad. Es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular, infringiendo los procedimientos para la vacancia presidencial del propio reglamento del Congreso o que sus decisiones estén por encima del Poder Ejecutivo y Judicial», continuó Chávez.
Señaló que la clase política ha fracasado «de todas las formas posibles» y que ha respetado desde el primer día la investigación del Ministerio Público.
«Desde el día 1 me he sometido a la investigación del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades. Los entiendo, las decisiones son enteramente políticas», mencionó.
Por otro lado, indicó que no tiene intención de fugarse del país y sostuvo que fue ella quien pidió el impedimento de salida. «No es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria. Elijo permanecer en la que me vio nacer y morir en ella. También yo misma pedí mi impedimento de salida a pesar de que el juzgado la diera por inadmisible«, añadió.
Sobre el fallido golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre, Betssy Chávez dijo: «En mi caso puedo decir que no hay ninguna acción ni elemento objetivo alguno que se vincule a lanzar en armas o conspirar con algún alto mando para tales fines».
Por otro lado, Erwin Siccha, abogado de la exministra, reiteró la postura de la exjefa del Gabinete de allanarse a la pretensión del Ministerio Público; sin embargo, sostuvo que el antejuicio político no tiene como resultado la imposición de una sanción.
«Se ha formulado también por escrito este allanamiento expreso y se ha solicitado que se declare lugar a la formación de la causa (..) Lo único que se busca es levantar la prerrogativa funcional», declaró ante el Pleno.
