El abogado Carlos Rivera Paz del Instituto de Defensa Legal (IDL) compartió con Radio Uno las primeras impresiones que tuvo con respecto al informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH).
“Es indudable que el golpe político que ha recibido el Ejecutivo y también otros personajes políticos en el Perú, si no son demoledores, por lo menos fueron contundentes” dijo a Radio Uno.
En su análisis, ha dividido el informe en tres elementos, en la primera parte señala que hay un diagnóstico de la situación política, contextual, donde resalta que la CIDH haya tenido en cuenta que “Pedro Castillo cometió un golpe de estado”, hubo “un quiebre constitucional a partir del 7 de diciembre”, pero también “esta situación (crisis) el Perú la viene arrastrando por lo menos desde el año 2016”.
A propósito de los temas abordados, resalta la importancia de las explicaciones para entender los hechos que ocurren entre diciembre del año pasado y enero de este año en “el curso de las investigaciones de carácter penal y este documento (informe) lo vamos a presentar tanto a la Fiscalía de la Nación como a las otras carpetas de investigación”.
En el segundo elemento, el abogado señala que se hace la “denominación, mención e información sobre los crímenes”, donde se establece que se habrían “producido graves violaciones a los derechos humanos”, haciendo una mención específica a los casos de Ayacucho y Juliaca. En el primer caso “habla de ejecuciones extrajudiciales y dice se habría producido una masacre”, explicó. Por otro lado, en Puno “hace la misma denominación en términos que hay ejecuciones extrajudiciales como consecuencias del uso indiscriminado y desproporcionado de las armas letales contra civiles que estaban manifestando”, mencionó.
En cuanto a la tercera parte, el representante del IDL resalta las recomendaciones y conclusiones, es más dice que “(la CIDH) está dando señales de que está entendiendo en su real dimensión la crisis política y por eso habla de la necesidad de hacer algún tipo de reforma o modificación constitucional sobre los procedimientos constitucionales de la vacancia del Presidente de la República”.
Otro tema que toca en el mismo apartado del documento según Rivera es la necesidad de “tomar en consideración y con la mayor seriedad la elección del defensor del pueblo”, también hace referencia a los procedimientos de lucha contra la impunidad y ofrece asistencia técnica al Ministerio Público en materia de derechos humanos”.
Con respecto al nivel de obligatoriedad de lo presentado por la comisión, explica que “el marco normativo de la comisión y corte, son de obligatorio cumplimiento para casos de países como Perú”, ya que la CIDH es el órgano de un tratado internacional del cuál Perú es parte, no solo como gobierno y representantes, sino como Estado e involucra al conjunto de instituciones públicas.
“El Estado peruano, más allá del berrinche de la presidenta, va tener que tomar las recomendaciones de la CIDH” exclamó, en referencia a las declaraciones vertidas por la mandataria en la conferencia de prensa de ayer 3 de mayo.
Destacó que “la comisión tiene una obligación legal de transmitir el contenido del informe dos o tres semanas antes de ser publicado”. Por lo que, eso explicaría que días antes de la publicación, “el Estado decidió retirar la candidatura de Julissa Mantilla a la propia comisión”, recordando que ella es integrante de la CIDH y estaba postulando a un segundo periodo.
Debido a los desafortunados comentarios de algunos políticos, opinó que “hay un elemento común entre la derecha retrógrada y la izquierda también retrógrada y totalitaria y es su desprecio por los derechos de la gente”.
