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Contraloría detecta perjuicio de S/ 6 millones en Dirección de Transportes

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La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 6 millones 270 mil en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTyC) por aprobar el pago del servicio de mantenimiento de una ruta departamental ejecutada durante el 2023 que se hizo sin cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el expediente. Asimismo, por no aplicar el cobro de las respectivas penalidades al contratista.

El Informe de Control Específico N° 049-2023-2-5352-SCE detalla que pese a que el material utilizado para el afirmado de la vía no cumplía las exigencias de calidad (granulometría e índice de plasticidad) los funcionarios responsables de la entidad, dieron conformidad al servicio de “Mantenimiento periódico de la ruta departamental TA-105, tramo Emp. PE-36A (Santa Rosa) – Huaycuta – Tacalaya – Hiralata – L.D. Moquegua (MO – 107 a Moquegua)-Tacna.”

La Contraloría corroboró que el contratista no empleó los materiales establecidos, ello mediante pruebas de campo y los ensayos de laboratorio que se realizaron a muestras de la reposición de afirmado. A pesar de lo cual se pagó al contratista la totalidad del servicio por S/ 5 millones 700 mil.

Además, la comisión de control determinó que debido al incumplimiento del contrato la DRTyC debió aplicar a la empresa una penalidad de S/ 570 mil.

Por estos hechos la Entidad Fiscalizadora Superior encontró responsabilidad civil y/o administrativa en los funcionarios que estaban a cargo de la Dirección de Caminos y la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento de la Entidad.

El informe de Control Específico que se encuentra publicado en nuestro Buscador de Informes de Servicios de Control  y el portal www.gob.pe/contraloria fue remitido al Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna con la finalidad de que se efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servicios públicos de la Entidad.

Asimismo, se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de acciones civiles en contra de los servidores comprometidos.