«El Estado peruano mediante este decreto supremo publicado el día de ayer está vulnerando nuevamente el art. 71 de la Constitución», expresó el abogado Yen Vásquez Cueva refiriéndose al Decreto Supremo N° 009-2024-EM publicado por el gobierno de Dina Boluarte que declara de “necesidad pública la inversión privada en actividades mineras” con la finalidad de que Barrick Perú, empresa minera con inversión extranjera, adquiera y posea concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera sur del país.
«Ya estamos en el estudio jurídico analizando el caso para preparar acción popular para que este decreto supremo se declare sin efecto ante el Poder Judicial», reveló al mismo tiempo de afirmar que existe antecedente para anular el decreto emitido por el Ejecutivo, acción que puede ser adoptada dentro de los seis años de la publicación.
Explicó, que el gobierno de Boluarte no ha tomado en cuenta la sentencia 7979 del año 2018 en la cual la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró inconstitucional el decreto supremo 01-2017 de Relaciones Exteriores que también pretendía ceder territorio a extranjeros dentro de los 50 kilómetros.
Así, en base al antecedente, destacó que «todo decreto supremo tiene que tener una pre publicación para que la población en este caso, Tarata o cualquier peruano en cualquier departamento del país se entere de este proyecto de decreto supremo y pueda cuestionarlo ante la autoridad o el ministerio competente»; sin embargo «en este decreto supremo no menciona que se ha hecho esa pre publicación» pese a ser una obligación.
Para el abogado, es claro que el Ejecutivo ha incumplido con la pre publicación a la vez que «no está justificada la necesidad pública».
Gobierno de Boluarte autoriza a minera Barrick derechos en Tarata
