Reiteradas llamadas telefónicas confirmaron la denuncia contra el teniente alcalde del distrito de Ite y el regidor de esta jrisdicción quienes habrían estado encabezando a un grupo de entre 20 y 30 personas para agredir a ciudadanos que llegaban desde tempranas horas de la mañana para sufragar en los locales de votación de Ite.
El argumento del teniente alcalde, Alejandro Cabana y el regidor Miguel Flor, sería que estos ciudadanos serían de la gestión anterior de Saúl Rivera Chávez y que estarían tratando de sufragar con “votos golondrinos”, cuando es bien conocido que en estos comicios sólo se eligen a presidente y vicepresidentes de la República.
Las personas agredidas serían el ex Gerente Municipal, Alejandro Estrada, actual director de Agricultura y el periodista Bernabé Flores, quienes al llegar al recinto de votación ubicado en la institución Educativa José Carlos Mareátegui fueron sorprendidos por un grupo de desconocidos encabezados por Alejandro Cabana, quien lo habría cogido de la camisa y se encontraría lanzando huevos y piedras a electores que se dirigen desde Tacna hacie Ite, acusándolos de “saulistas”.
Una vecina, identificada como Margot Gamarra también denunció el hecho y constató que este incidente ha impedido que se desarrolle con normalidad los comicios electorales y está provocando que se impida el ingreso al recinto educativo, frente a la escaza presencia de efectivos policiales.
Por su parte Alejandro Cabana, en comunicación de RADIO UNO, desmintió dichas acusaciones y aunque reconoció que increpó a Alejandro Estrada por un hecho aislado, precisó que sentará una denuncia por estas acusaciones.
Posteriormente no supo responder cuando fue consultado si formaba parte del grupo de revoltosos y en su lugar sostuvo “no puedo dejar de saludar a las personas. Cada quien responde por sus actos”. Minutos después mostró gran nerviosismo al manifestarle que habrian personas que tendrían evidencias fílmicas y fotográficas de las agresiones.
De otro lado el Defensor del Pueblo, Edwar Vargas sostuvo que iniciarán las investigaciones para determinar si efectivamente se efectuaron actos que impidan la libertad de sufragio y manifestó que de corroborarse la denuncia los agresores podrían ser pasibles de un pena privativa de libertad de hasta 4 años, con agravantes por ser autoridad.
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