El pleno del Congreso aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Ley de Consulta Previa que otorga a los pueblos indígenas u originarios del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos extractivos en sus territorios.
El Pleno del Congreso, que preside el titular del Poder Legislativo, Daniel Abugattás Majluf, aprobó por unanimidad esta noche la histórica Ley de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es la primera norma sancionada en el Período Legislativo 2011-2012.
La aprobación unánime, que concluyó en aplausos, fue por 113 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Fue exonerada de segunda votación por 111 votos. También se acordó incluir una tercera Disposición Complementaria referida a la derogatoria de un decreto supremo que se oponía a la presente ley relacionado con una reglamentación del proceso de consulta.
Fue luego del debate del texto sustitutorio que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Fredy Otárola (GPN), quien manifestó que se recogieron los aportes de los cinco proyectos presentados ( tres de la Bancada Nacionalista, una de la Alianza Parlamentaria y otra de carácter multipartidario). Dijo que los pueblos deben ser consultados sobre las leyes que afectan sus derechos y que “nunca más se debe gobernar a espaldas del pueblo”.
La finalidad de esta ley, que fue calificada de histórica por la mayoría de los congresistas, busca alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios bajo los principios de la oportunidad, la interculturalidad, la buena fe, la flexibilidad, ausencia de coacción y con información oportuna.
La decisión final corresponderá a la entidad estatal. El acuerdo que se logre tiene carácter obligatorio para ambas partes, pero en caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos sin afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo. Se indica que estos acuerdos son exigibles, en caso de incumplimiento, en vía administrativa y judicial.
La congresista Marisol Pérez Tello (APGC) propuso que en el tema de la decisión final se agregue que la posición del Estado no debe afectar el derecho a la vida, la integridad y el desarrollo de los pueblos nativos u originarios.
El legislador Yonhy Lescano (AP) dijo que la consulta debe ser de buena fe y los acuerdos de cumplimiento obligatorio. El legislador Roberto Angulo (GPN) propuso que en vez de consulta se debe dar la plena propiedad de la tierra a los nativos, mientras que el parlamentario Kenji Fujimoti (GPF) dijo que la propuesta es un reto de inclusión social para que las comunidades participen en las decisiones del país.
Por su parte, el congresista Modesto Julca (AP) manifestó que con esta norma se hace justicia a los pueblos que han estado marginados, mientras que el legislador Vicente Zeballos (SN) agregó que esta ley busca institucionalizar el diálogo. Su colega Carlos Bruce (CP) manifestó que la norma evitará que se ahuyente la inversión, pero que se requiere de una acción efectiva de los funcionarios.
La legisladora Julia Teves (GPN) dijo que esta es una licencia social porque siempre se tiene que consultar a los pueblos. El congresista Néstor Walqui (GPF) destacó el hecho de que el proyecto esté acorde con el Convenio 169 de la OIT, mientras que Lourdes Alcorta (APGC) manifestó que “todos los peruanos somos dueños de la riqueza del país y no sólo un grupo de ellos”.
El parlamentario José León (AP) pidió aplicar un programa de titulación de tierras, mientras que Juan Carlos Eguren (APGC) destacó la importancia del proyecto y dijo que esta norma no existe ni en Bolivia ni en Brasil, mientras que Mauricio Mulder (CP) señaló que la ley afianzará la democracia. El congresista Juan Pari (GPN) manifestó que esta inclusión social es consecuente con el desarrollo del país.
Julio Gagó (GPF) señaló que los acuerdos deben ser vinculantes, pero si no hay acuerdo primará el interés de la Nación. La legisladora Marisol Espinoza (GPN) dijo que esta ley define el principio de la inclusión social y asegura una efectiva participación de los pueblos indígenas.
En tanto, los legisladores nacionalistas como Jaime Delgado, dijo que la norma incluye a las comunidades en el desarrollo; Javier Diez Canseco demandó una mayor información sobre el tema del Convenio 169 y que se incluya el término de la inclusión social; y Víctor Isla afirmó que la ley exigirá el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y se demuestra que el Estado no está por encima de los seres humanos.
También expresaron su total respaldo a la norma aprobada los legisladores Claudia Coari (GPN), Luz Salgado (GPF), Martín Belaunde (SN), Francisco Ccoma (GPN), Mesías Guevara (AP), María del Carmen Omonte (AP), Esther Saavedra (GPN), Cecilia Chacón (GPF), Mariano Portugal (AP), , Carlos Tubino (GPF), Gladys Condori (GPN), Rubén Coa (GPN), Justiniano Apaza (GPN) y Rolando Reátegui (GPF), quien destacó el consenso logrado en la aprobación del dictamen.
El congresista amazónico Eduardo Nayap (GPN) destacó la conducción del debate por parte del Presidente del Congreso para la aprobación de esta histórica ley, agradeció a todos los parlamentarios, y dijo que los pueblos nativos, amazónicos y andinos agradecen esta aprobación unánime.
El titular del Congreso levantó la sesión a las 8:00 de la noche. Antes se aprobó modificaciones del cuadro de comisiones y se dio lectura a varias mociones de saludo.
