Pese a oposición de vecinos en Pocollay al retiro de árboles plantados en faldas del Cerro Arunta, en el sector de Peschay, el alcalde distrital Hugo García ha notificado mediante carta n°02-2025-OPPM/MDP que «procederá a intervenir el área arborizada, con la finalidad de extraerlos de manera adecuada, utilizando recursos humanos y de medios técnico manuales a efectos de evitar causar daños en los mismos para luego replantarlos dentro de un plan de contingencia preparado por el área administrativa a partir del día 15 de setiembre».
El documento en mención ha sido enviado a Luis E. Veliz La Vera, decano del Colegio de Arquitectos y residente en la zona de afectación, a quien «se exhorta que invoque a los vecinos del lugar a que eviten acciones negativas a este procedimiento y a su vez a colaborar». Como se recuerda, en anterior ocasión (el 19 de agosto) la población opuso férrea oposición al despliegue en el cual la comuna distrital empleó maquinaria para sacar las plantaciones.
Según la carta firmada por Elfer Laura, procurador público municipal, el terreno sobre el cual han sido «plantado árboles sin autorización» es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pocollay, consistente en 66.2748 hectáreas, ubicado en la parte baja del Cerro Arunta, frente a la urbanización Lomas de Peschay e inscrito en partida electrónica n° 11172976 y destinado al proyecto de «Creación de los servicios públicos de integración económica y social en el circuito turístico del distrito de Pocollay».
Para Veliz La Vera es inaudito que la comuna distrital no contemple la arborización ya realizada por la población en un proyecto supuestamente con fines de «circuito turístico». «Van a botar los árboles para volverlos a sembrar. Esa es una estupidez», declaró el arquitecto, señalando la incoherencia de destruir lo ya existente para luego replicarlo.
Según el arquitecto Véliz, hace ocho años, los vecinos de Pocollay, en coordinación con la anterior gestión municipal, iniciaron un proyecto para crear un parque en terrenos del Gobierno Regional de Tacna. Se sembraron 100 árboles, de 300 intentos, con la intención de que la municipalidad solicitara formalmente la transferencia de estos terrenos al gobierno regional. El objetivo era establecer una zona de recreación pública con senderos, áreas de campamento y parrillas, sirviendo también como protección contra invasiones en la zona del Cerro Arunta.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la llegada de la nueva gestión municipal. Véliz afirma que el actual alcalde, supuestamente sin conocimiento de las gestiones previas, acudió a Bienes Nacionales en Lima para obtener la propiedad del terreno, un procedimiento inusual y aparentemente agilizado por «vínculos con el entorno» del gobierno. Bienes Nacionales habría entregado el terreno bajo la creencia de que estaba «limpio» y sin árboles.
La tala de árboles es calificada por Véliz como una «máscara» para un proyecto de habilitación urbana mucho más grande, que abarcaría las faldas del Cerro Arunta hasta Pachía, Calana y Pocollay. Este proyecto, que involucraría a una empresa inmobiliaria de Lima, cuenta incluso con una ley promovida por la congresista Limache, declarándolo de «necesidad pública» e «importancia nacional».
En una de las zonas más áridas del mundo como Tacna, cualquier árbol debería ser protegido. El Colegio de Arquitectos también estaría instando a la autoridad a actuar «en función de los vecinos», ya que el alcalde se ha negado a recibirlos o brindar explicaciones.
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