La Fiscalía Anticorrupción de Moquegua formalizó investigación preparatoria contra el alcalde del distrito El Algarrobal, Florentino Nina Fernández, y su jefe de Logística, Rafael Eduardo Mautino Araníbar, por el presunto delito de concusión, tras ser acusados de exigir dinero a contratistas a cambio de destrabar pagos por obras municipales.
La disposición fiscal N° 12, emitida el 1 de octubre de 2025, fue suscrita por el fiscal Emilio Ernesto Salas Apaza de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua. El documento señala que los funcionarios habrían condicionado el trámite de valorizaciones a la entrega de sumas de dinero.
De acuerdo con la investigación, Rafael Mautino, jefe de Logística, habría solicitado pagos “en nombre del alcalde”, según consta en mensajes de WhatsApp incorporados al expediente. En uno de ellos se lee: “El jefe se va de viaje… necesito armar una bolsa” (13 de marzo de 2023), y en otro: “Son 4 dientes de 50” (30 de marzo de 2023). Estas conversaciones, obtenidas de los teléfonos incautados, fueron transcritas en las actas fiscales.
La fiscalía sostiene que el contratista Ricardo Gerónimo Inocente Medrado habría entregado S/ 5,000 como pago indebido vinculado al trámite de valorizaciones. No obstante, el procurador Walther Enrique Vilca Vilca declaró que el monto solicitado ascendía a S/ 50,000, por lo que ambas cifras forman parte de los elementos de convicción.
Los hechos están relacionados con los contratos N° 22-2022-MDEA y N° 25-2022-MDEA, referidos a las obras “Mantenimiento del Salón Multiusos en el PROMUVI I” y “Mantenimiento de la I.E. Santa Rosa N.° 43130”, ejecutadas por el Consorcio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, representado por Betzy Yuliza Príncipe Ramírez.
La fiscalía atribuye al alcalde Nina Fernández el rol de instigador, al presuntamente inducir a su subordinado a solicitar el dinero y ejercer presión funcional mediante la paralización arbitraria de obras.
El caso fue declarado de naturaleza compleja, fijándose un plazo de investigación de ocho meses, durante los cuales se realizarán pericias contables y de ingeniería, levantamiento del secreto bancario y toma de declaraciones a los involucrados.
La declaración de Betzy Príncipe está programada para el 31 de octubre vía Google Meet, mientras que Nina Fernández y Mautino Araníbar deberán declarar el 7 de noviembre ante la Fiscalía Anticorrupción.
El delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, sanciona a los funcionarios que, abusando de su cargo, obligan o inducen a un ciudadano a entregar dinero o beneficios indebidos, con penas de hasta ocho años de prisión.
Este caso se suma a otras investigaciones en curso por presuntos actos de corrupción en la región, lo que vuelve a poner en el centro del debate público la transparencia en la gestión municipal y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
