La reciente vacancia de Dina Boluarte, aunque implica la salida de una figura «repudiada, rechazada, odiada por el peruano de a pie», no representa un verdadero cambio en la crisis política que atraviesa el país, según el exministro del Interior, Gino Costa.
Costa expresó su «preocupación» al señalar que lo que aparenta ser una transformación profunda, en realidad es solo una maniobra del Congreso para salvar su imagen. «Lo que pudo haber parecido un cambio importante, en realidad no lo es», afirmó. Según su análisis, el Legislativo ha buscado deshacerse de Boluarte para responsabilizarla del desborde de la criminalidad, haciéndola aparecer como la única culpable ante la opinión pública.
Para Costa, este movimiento es parte de una estrategia de una mayoría congresal que él denomina «El Pacto», responsable de aprobar leyes «procrimen y pro impunidad» que han debilitado la lucha contra la inseguridad. A su juicio, Boluarte respondía a esta coalición y no al pueblo peruano.
Entre los principales efectos de este pacto está el debilitamiento institucional, pues el Congreso ha promovido normas que afectan la capacidad de la policía y el Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado. Además es preciso mencionar el desmantelamiento de la inteligencia criminal, y es que desde el Ejecutivo, no se ha reforzado la investigación ni la inteligencia contra delitos como el sicariato o la extorsión. Como ejemplo, mencionó la salida del coronel Harvey Colchado, quien “debería estar siendo parte de la solución”. Así también, figura la captura de instituciones autónomas. Según Costa, el Congreso ha cooptado órganos como el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia para facilitar el regreso de jueces y fiscales corruptos, conocidos como «los cuellos blancos».
Respecto al nuevo presidente de transición, quien asumió tras la vacancia de Boluarte, Costa advirtió que se trata de una figura sin respaldo ciudadano ni experiencia de gestión pública. Recordó que llegó al Congreso «de casualidad con muy pocos votos», y arrastra graves denuncias por violación sexual, además de un sospechoso incremento patrimonial: de 90,000 soles al ingresar, a más de un millón en bienes, incluyendo dos casas compradas al contado.
«Su única fuente de poder es el respaldo del Congreso, un Congreso impopular que es parte del problema», recalcó. A diferencia de transiciones anteriores como las de Valentín Paniagua o Francisco Sagasti, esta no representa ninguna ruptura con el poder establecido.
Frente a este escenario, señaló que la única vía para un cambio real es sostener una movilización ciudadana pacífica y con objetivos claros: derogar las leyes que promueven la impunidad, frenar el retorno de los «cuellos blancos», aprobar el antejuicio contra Dina Boluarte para que sea investigada por corrupción y por las más de 50 muertes en protestas al inicio de su gobierno y reinstaurar a funcionarios valientes que fueron removidos, como Harvey Colchado o la procuradora Silvana Carrión.
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