El Noveno Juzgado Constitucional ha emitido una resolución que ordena la reincorporación inmediata de Delia Espinoza al cargo de Fiscal de la Nación. Para Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defesa Legal, la decisión judicial considera que la suspensión de seis meses impuesta por la Juna Nacional de Justicia (JNJ) contra Espinoza fue «absolutamente arbitraria» y carece de justificación legal y constitucional. El Poder Judicial, a través de este control de constitucionalidad, está corrigiendo una vulneración a los derechos constitucionales de la fiscal.
Así, Rivera recordó que la controversia que condujo a la suspensión de Espinoza se remonta al mes de junio, cuando la JNJ emitió una resolución que no solo restituía a Patricia Benavides como fiscal suprema, sino que también «se atrevió a designarla como fiscal de la nación».
Según el análisis legal, la JNJ «abusó de las atribuciones constitucionales» para designar a Benavides, ya que no posee «atribución constitucional alguna» para nombrar fiscales de la nación, existiendo un procedimiento legalmente establecido para ello.
Delia Espinoza resistió esta resolución, defendiendo los fueros del Ministerio Público y señalando que la JNJ no podía ordenar algo que la Constitución no permite. Como consecuencia de su resistencia, la JNJ abrió un proceso administrativo sancionador que resultó en su suspensión. Esta acción fue calificada como una «suerte de acto de venganza» en el marco de la batalla política librada por el Ministerio Público.
El abogado explicó, que la resolución del Noveno Juzgado Constitucional es una medida cautelar y, por lo tanto, es de «aplicación inmediata». El fallo anula la resolución de suspensión de seis meses dictada por la JNJ, dejándola sin ningún efecto. Aunque la JNJ tiene la posibilidad de apelar, esta oposición no puede detener el proceso de reincorporación de Espinoza.
Siendo un recurso de amparo, no se debería esperar mucho tiempo para una sentencia de fondo, estimando que podría resolverse en «no más de un mes». La decisión cautelar busca restituir los derechos de Espinoza de manera preventiva mientras se emite un fallo final.
El retorno de Espinoza al Ministerio Público podría intensificar el conflicto con el Congreso de la República, un actor que anteriormente había activado denuncias constitucionales en su contra. Se prevé que el Congreso podría «reactivar cualquiera de las cinco denuncias» constitucionales existentes y terminar la inhabilitación de Delia Espinoza «en un par de días».
Este panorama de confrontación es visto como parte de un objetivo más amplio de «descabezar al Ministerio Público» y buscar una «fiscalía de la nación amigable,» un rol que, según los expertos, no corresponde a la misión constitucional del Ministerio Público, que es la persecución del delito.
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