El abogado Humberto Abanto, en visita a Tacna, criticó la sobrecarga procesal que los fiscales «mismos provocan» y defendió los fallos del TC en los casos Betssy Chávez y «Cócteles». Además, calificó a la gestión de José Jerí como un «puente Bailey» hacia 2026 y responsabilizó a exfuncionarios del crecimiento del crimen organizado.
Humberto Abanto, quien se encuentra en la ciudad de Tacna participando del «I Congreso Internacional de Derecho, Penal, Procesal Penal y Corrupción de Funcionarios» del Colegio de Abogados de Tacna, ofreció un profundo análisis de la coyuntura política y legal del país, defendiendo el accionar del Tribunal Constitucional (TC) frente a las críticas. Abanto, quien también impulsa una fórmula política interna, argumentó que los recientes fallos del TC buscan poner fin a las «malas prácticas» e «irresponsabilidades» dentro del sistema de justicia.
Respecto al caso de la expremier y congresista Betssy Chávez, Abanto manifestó estar «totalmente de acuerdo» con el criterio del TC. Explicó que la Fiscalía esperó el último día para solicitar la prórroga de la prisión preventiva, lo que provocó que la audiencia se diera una vez vencido el plazo legal de prisión preventiva. El jurista destacó que la ley y la Constitución no permiten prolongar la prisión una vez vencido el mandato. «Eso era lógico, eso era lo correcto. Y lo bueno es que le pone fin a una mala práctica del Ministerio Público,» afirmó Abanto, señalando que la Fiscalía no puede argumentar que se da cuenta de la necesidad de más plazo «el último día».
En relación al asilo concedido a Chávez, Abanto criticó la denegación del salvoconducto por parte del Perú, comparando esta acción con la postura de la dictadura del general Odría en el caso de Haya de la Torre. Sostuvo que la vía civilizada para dirimir diferencias, tanto en el asilo de Chávez como en los de Nadine Heredia (Brasil) y la esposa de Pedro Castillo (México), es llevar los casos ante la Corte Internacional de Justicia.
Caso Cócteles
Abanto calificó el fallo del TC en el caso «Cócteles» como un «paso revolucionario», abordando dos vulneraciones fundamentales de derechos; la vulneración del principio de legalidad penal, y es que, el TC verificó que se estaba aplicando retroactivamente una ley del año 2019 a hechos que datan de 2011 y 2006. Abanto preguntó cómo es posible que una persona haya sido perseguida durante 10 años con una ley que no existía al tiempo de los hechos atribuidos.
Así también, mencionó la vulneración al plazo razonable. Abanto explicó que investigar a alguien durante 9 años (solo en diligencias preliminares e investigación formalizada) es excesivo. Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó que 50 meses de proceso penal ya excede el criterio de plazo razonable. Según el letrado, la ley permite la posibilidad de investigar diligencias preliminares e investigación formalizada por hasta 9 años solo en casos de crimen organizado, lo cual es peligroso para la libertad.
El abogado sostuvo que los fiscales y jueces provocan la sobrecarga procesal porque «no les gusta en absoluto cerrar expedientes». Mencionó que muchos procesos, como los de «Cócteles», Solidaridad Nacional, Partido Aprista y PPC, se convirtieron en megacasos de organización criminal con múltiples personas, inventando casos que desvían el foco de los crímenes que realmente importan.
Caso Castillo
Abordando el juicio al expresidente Pedro Castillo, Abanto desestimó la idea de que no hubo alzamiento en armas. Argumentó que la prueba del juicio oral mostró que Castillo, como jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales, ordenó al comandante general de la policía, General Raúl Alfaro Alvarado, detener a la fiscal de la nación, al presidente del TC, tomar las instalaciones del Congreso y facilitar el acceso a manifestantes. Abanto afirmó que ordenar a un cuerpo armado levantarse contra el orden constitucional pasa de ser una proclama a «actos de ejecución».
No obstante, Abanto criticó la lentitud del proceso, considerando «ilógico» que una situación tan evidente se demore tres años para la sentencia, mostrando «la incompetencia y la lenidad» del Ministerio Público y el Poder Judicial. Subrayó que, al buscar «encartar a más gente» y enredar el caso, el único ganador ha sido Pedro Castillo, quien ha convertido el juicio en una «plataforma política» con gran impacto en el sur del Perú.
El abogado advirtió que la participación de la jueza Carvajal en el juicio, quien conoció el proceso previamente, podría ser un vicio de forma que termine anulando todo el proceso. Una anulación, señaló, podría ser aprovechada políticamente para declarar a Castillo inocente, a pesar de que no se haya pronunciado sobre el fondo.
Abanto alertó sobre el error de subestimar al expresidente: aunque pueda tener un «déficit cognitivo», posee una «habilidad enorme» que le permitió ser sindicalista, encabezar la huelga magisterial más larga de la historia, y ganar una elección presidencial.
Inseguridad
Abanto afirmó que, mientras se perseguía a partidos políticos y funcionarios, el Perú fue tomado por el sicariato, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas. Atribuyó la responsabilidad del crecimiento de la inseguridad a figuras como Colchado (a cargo de la lucha contra el crimen organizado por 9 años) y los exministros Basombrío y Vargas, quienes, según Abanto, debilitaron el aparato policial y permitieron la inmigración indiscriminada.
Para corregir la inseguridad, Abanto propuso restituir las acciones que se hacían antes de 2016: Inteligencia operativa, investigación criminal y combate urbano, con el respaldo total del Estado.
Respecto a la minería informal, Abanto criticó la codicia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que busca eliminar a los mineros artesanales e informales que compiten con ellos, a pesar de que el 56% de la exportación de oro proviene de mineros informales. Explicó que el actual esquema de formalización (REINFO), diseñado por el gobierno de Humala, es imposible de cumplir porque el concesionario minero se niega a firmar el contrato.
Abanto propuso que el Estado debe exigir a los concesionarios mineros firmar contratos con los mineros informales bajo tres condiciones: no interferir con el plan de mina en ejecución, pago de regalías para remediación ambiental y pago de impuestos. Esto permitiría la formalización y convertiría en ilegal a quien no cumpla, quien sería entonces perseguido.
Finalmente, sobre la presidencia, Abanto calificó a la gestión de Boluarte y Jerí como un «puente Bailey» que debe llevar al país a las elecciones de 2026, pidiendo al presidente Jerí ser más «austero» y no generar expectativas que provoquen una nueva decepción.
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