Una inesperada rectificación ha marcado un giro en el proceso por el asesinato del joven universitario Gustavo Delgado Aro, luego de que una de las vecinas que firmó una declaración jurada en contra del fiscal del caso admitiera públicamente que su testimonio fue erróneo. Águeda Ketty Sánchez Montánchez, quien señalaba al fiscal Emyl Dagir Quispe De La Sota como vecino y testigo presencial, presentó una carta notarial disculpándose y negando conocer al representante del Ministerio Público.
La controversia surgió el pasado 15 de noviembre, durante la audiencia de prisión preventiva, cuando la abogada Liz Gabriela Estefanero Gálvez (defensa del hoy prófugo Fabrizio Benavides) presentó declaraciones juradas de tres residentes. En dichos documentos se aseguraba que el fiscal vivía en la Urbanización Bacigalupo, en el departamento 301 de la Calle San Pedro 844, y que habría presenciado los hechos, incluso llamando a la policía junto con otros vecinos.
La defensa argumentó que, de confirmarse esa versión, la participación del fiscal como testigo comprometería la objetividad del proceso, citando la casación 1115-2022 sobre la imposibilidad de que el fiscal actúe como órgano de prueba.
El fiscal Emil Quispe De La Sota rechazó de manera tajante las afirmaciones, precisando que no reside en la dirección señalada y que su domicilio real está ubicado en otra jurisdicción. También negó haber sido testigo de los hechos, recordando que toda participación habría quedado registrada en las actas policiales. Tras la audiencia, el Ministerio Público solicitó acceso formal a las declaraciones juradas con el fin de iniciar eventuales acciones legales contra quienes resulten responsables de difundir información falsa.
Actuó de buena fe
Águeda Ketty Sánchez Montánchez, una de las firmantes —junto con su esposo, Elías Sánchez Vergara, y su madre, Guillermina Montánchez— acudió hoy (viernes 5 de diciembre) a Radio Uno para rectificar el testimonio. Indicó que fue influenciada por la madre de Fabrizio Benavides, quien les pidió su firma como apoyo.
La vecina admitió que no revisó completamente el documento, que firmó “sin saber las consecuencias” y que actuó de buena fe. “No lo conozco, no tengo grado de amistad ni relación alguna con el señor fiscal. Lo he conocido recién por la audiencia”, declaró. Aseguró además que tanto ella como su familia se guiaron por una fotografía y la confianza en la persona que les solicitó apoyo.
La rectificación quedó registrada ante un notario y fue remitida oficialmente al fiscal Quispe De La Sota. En el documento, Sánchez Montánchez aclara expresamente que: No conoce al fiscal ni tiene información que lo vincule con el departamento 301 de la Urbanización Bacigalupo. El representante del Ministerio Público no estuvo presente durante los hechos del 15 de noviembre ni realizó llamada alguna a la policía.
La declarante sostiene que la rectificación fue realizada de manera “libre, espontánea y sin coacción”, con el propósito de evitar que un error afecte la investigación. En su comunicado ofreció disculpas públicas al fiscal y expresó su intención de no perjudicarlo. Aunque señaló que todavía no han decidido si procederán legalmente contra la persona que les pidió firmar, indicó que no descartan esa posibilidad.
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