El excongresista, abogado y político Alberto Quintanilla, actual candidato por el movimiento Venceremos, expresó su profundo escepticismo frente a la reciente delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo. A su juicio, la medida representa “una situación bastante arriesgada” y no generará los resultados esperados.
El Parlamento concedió al Ejecutivo un plazo de 60 días para legislar en materias consideradas prioritarias, como la reactivación económica, la seguridad ciudadana, la modificación del Código Penal y del Código Procesal Penal, así como la conversión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en una superintendencia.
Quintanilla cuestionó la efectividad de esta delegación, recordando que al actual gobierno le restan apenas nueve meses de gestión. Si bien reconoció que el Ejecutivo podría disponer de tiempo para emitir normas, desde su “visión política de las cosas” consideró poco probable que se produzcan cambios sustantivos en la realidad nacional.
En el ámbito económico, el exparlamentario estimó que las nuevas disposiciones se limitarían a un “endurecimiento” de medidas y a declaraciones sobre mayores exoneraciones, lo que, a su criterio, “va a profundizar la crisis y no va a resolverla”.
Respecto a la seguridad ciudadana, un tema que calificó de urgente, Quintanilla advirtió que la respuesta del Ejecutivo podría centrarse únicamente en un mayor rigor contra la población migrante. Asimismo, anticipó que el gobierno anunciaría la construcción de más centros penitenciarios, aunque expresó dudas sobre su ejecución efectiva en el corto tiempo que queda de mandato.
El candidato por Venceremos sostuvo que el endurecimiento legislativo no ataca las causas estructurales de la inseguridad. En ese sentido, señaló que las soluciones reales pasan por una política integral hacia los migrantes, la realización de un censo, el control efectivo del ingreso de delincuentes extranjeros o prontuariados, y una profunda renovación de la Policía Nacional para erradicar la infiltración del crimen organizado en sus filas.
Quintanilla fue enfático al afirmar que la inseguridad persistirá mientras “la delincuencia haya copado ya los más altos niveles del poder del Estado”. En su opinión, la existencia de leyes favorables al crimen responde a un Congreso que evita investigar delitos, protege a la minería ilegal —diferente de la informal— y busca obstaculizar las investigaciones fiscales. Añadió que una salida a esta situación solo sería posible tras las próximas elecciones.
Finalmente, el exlegislador lamentó el caso del gobernador regional del Callao, Castillo Rojo, quien se encontraría prófugo de la justicia. Indicó que la provincia constitucional ha estado marcada por la presencia de mafias durante varios periodos de gobierno regional y expresó su deseo de que la autoridad se ponga a derecho, rinda cuentas y facilite las investigaciones, como un paso necesario para combatir la corrupción en una de las regiones más importantes del país.
Oficializan ley que delega facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y economía
