El reciente fallo del Poder Judicial que dispone el recorte de territorio al distrito de Ichuña, en beneficio de la región Puno, ha encendido las alertas en Moquegua. Así lo expresó el gerente general del Gobierno Regional, Abraham Ponce Sosa, durante una conferencia de prensa en la que calificó la decisión como “altamente preocupante” y con un fuerte impacto social.
“Este tema no es poca cosa. Estamos hablando de casi el 45 % del territorio de Ichuña”, remarcó ante los medios, tras explicar que la afectación territorial no se limita únicamente a Ichuña, sino que alcanza también a sectores de los distritos de Carumas, San Cristóbal, Calacoa y Chojata.
“Estamos hablando de zonas donde se desarrollan proyectos estratégicos para la región”, señaló, detallando que en el área comprometida se encuentran la mina San Gabriel de Buenaventura, otros proyectos mineros en exploración, así como importantes represas y fuentes de recursos hídricos. “Esto compromete el desarrollo presente y futuro de Moquegua”, advirtió.
El funcionario informó que la reacción de las autoridades ha sido inmediata y coordinada, indicando que se convocó a una reunión de emergencia, de manera virtual, entre los dos congresistas por Moquegua y los alcaldes de la región, con el fin de definir una respuesta conjunta. “Más allá de buscar culpables, hoy lo que corresponde es actuar con responsabilidad y unidad para defender nuestro territorio”, sostuvo.
En ese sentido, Ponce Sosa anunció que se evalúa presentar un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. “La sentencia fue emitida hace apenas dos o tres días hábiles y tenemos solo diez días hábiles para interponer este recurso. Los plazos son perentorios y por eso estamos definiendo una estrategia técnica y legal sólida”, precisó, subrayando la urgencia del caso.
Durante su exposición, el gerente general también explicó los antecedentes del proceso judicial, iniciado en 2016. Recordó que entre los años 2015 y 2018 se emitió una resolución judicial que dispuso que el conflicto debía resolverse a nivel de gobiernos regionales, lo que motivó convocatorias de la Secretaría de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la PCM. “El Gobierno Regional de Moquegua de ese entonces nunca asistió, ni siquiera cuando hubo una convocatoria judicial. Eso no lo digo yo, lo dice claramente la sentencia”, enfatizó, invitando a los periodistas a revisar la parte considerativa del fallo.
Finalmente, Ponce Sosa cuestionó las recientes declaraciones del gobernador regional de Puno, quien habría señalado supuestos actos “entreguistas” por parte de Moquegua. “Aquí no se trata de amor al territorio, sino de intereses claros en proyectos mineros e hidráulicos, como la represa Paltuture”, afirmó.
La autoridad regional aseguró que la actual gestión asumirá una defensa firme y documentada del territorio moqueguano, en resguardo de los intereses de la región y de las poblaciones afectadas.
