Desde el local del Colegio de Arquitectos se desarrolló una importante reunión del Frente Regional de Defensa de Tacna, con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales, gremios y sociedad civil, para abordar la creciente preocupación por la situación del penal de Challapalca y la inseguridad ciudadana en la región. La convocatoria fue abierta y reunió a bases del SUTEP, pescadores, transportistas, juntas vecinales, líderes distritales y representantes empresariales.
Durante el encuentro, se expuso la preocupación generalizada frente a los anuncios del Gobierno central sobre la ampliación y uso del penal, señalando que no se habrían tomado en cuenta los riesgos para la seguridad regional. Karen Ríos, representante de COPRIMETA, advirtió que Tacna ya viene experimentando asaltos, extorsiones y presencia de organizaciones delictivas, lo que estaría afectando directamente a emprendedores, pequeños empresarios y al sector turismo.
Los participantes coincidieron en que Tacna, por ser ciudad de frontera y eje comercial y turístico, no recibe la atención necesaria en controles migratorios, policiales ni de inteligencia. Se cuestionó la falta de personal en frontera, la escasa presencia policial en rutas alternas y la ausencia de medidas como controles biométricos, pese a haberse declarado estados de emergencia que, según indicaron, no han mostrado resultados visibles.
Por su parte, Julián Flores, representante del transporte urbano, señaló que el Frente evalúa distintas acciones, incluyendo posibles paralizaciones, aunque aclaró que primero se socializarán las decisiones con todas las bases. Indicó además que existen observaciones legales sobre los terrenos donde se ubica el penal de Challapalca y preocupación por campamentos informales de familiares de internos en zonas aledañas.
Finalmente, el Frente Regional de Defensa de Tacna se declaró en sesión permanente y anunció que ha otorgado un plazo de cinco días para exigir la presencia del presidente de la República en Tacna, a fin de tratar directamente esta problemática. De no obtener respuesta, no se descartan movilizaciones y medidas más radicales. Los dirigentes hicieron un llamado a la unidad de la población, remarcando que la seguridad ciudadana es un derecho y una prioridad para el futuro de la región.
