Indignación y rechazo ha generado en la población de Moquegua la sentencia emitida contra un efectivo de la Policía Nacional, hallado culpable de solicitar una coima a un conductor intervenido en un operativo policial. Si bien el agente fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad, el Poder Judicial dispuso que esta sea convertida en prestación de servicios comunitarios, decisión que ha sido cuestionada por la ciudadanía y diversos sectores.
El caso, ocurrido en el año 2022, fue dado a conocer por el Ministerio Público mediante una nota de prensa. Según la investigación fiscal, el suboficial Ítalo Gutiérrez Ramos intervino a un ciudadano en la avenida Bolívar, en el sector 25 de Noviembre, y al constatar que no portaba documentos, le solicitó 50 soles a cambio de no imponer la sanción correspondiente. El dinero fue transferido vía aplicativo Yape a una cuenta a nombre de la madre del efectivo, configurándose el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
La resolución judicial ha causado malestar, al considerarse una sanción benévola frente a un acto de corrupción cometido por un funcionario público en funciones. Este caso se suma a otros hechos similares registrados en la región, donde varios efectivos policiales han sido investigados, condenados o incluso recluidos en centros penitenciarios, mientras uno permanece prófugo de la justicia, lo que evidencia una problemática persistente al interior de la institución.
Ciudadanos y especialistas han señalado que este tipo de sentencias debilitan la lucha contra la corrupción y afectan la confianza en la Policía Nacional, una institución mayoritariamente integrada por efectivos que cumplen correctamente su labor. Asimismo, se ha cuestionado la falta de acciones concretas por parte de los organismos anticorrupción regionales y se ha reiterado el llamado a aplicar sanciones ejemplares, incluida la expulsión definitiva de los malos elementos, para evitar que estos hechos continúen empañando la imagen institucional.
