En la capital de la República, la audiencia judicial programada para evaluar la demanda de acción de amparo contra el proyecto minero Tía María fue suspendida recientemente debido a inconvenientes en el sistema informático del Poder Judicial. El recurso legal, impulsado por un grupo de pobladores y agricultores del Valle de Tambo, cuestiona la validez del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera Southern Perú, el cual, según los demandantes, caducó en el año 2019 y no debería ser considerado vigente por las autoridades.
Roger Chirapo, vocero de la oposición al proyecto, informó que la empresa minera ha intentado sostener la viabilidad del proyecto mediante las denominadas ITS (Informes Técnicos Sustentatorios). Chirapo calificó estas herramientas como «ambiguas», denunciando que son utilizadas para realizar modificaciones y ampliaciones al proyecto evitando la consulta a la población local, que forma parte de la zona de influencia directa e indirecta.
Asimismo, el vocero desmintió las afirmaciones del gobierno y la empresa sobre el inicio de la etapa de construcción en 2024. Según Chirapo, los trabajos actuales se limitan a campamentos y carreteras modificadas por las ITS, mientras que las etapas principales de los proyectos Tapada y Tía María no comenzarían sino hasta el año 2027. «Internamente, en el proceso judicial, ellos dicen que no pueden iniciar porque no tienen la planta de desalinización del mar», señaló el dirigente, contrastando esta postura con el discurso público de la empresa.
Impacto ambiental y falta de licencias La demanda de amparo también pone énfasis en la protección de las Lomas de Cachando, identificadas como el ecosistema frágil número 34 a nivel nacional. La defensa de los pobladores sostiene que la actividad minera dañará esta zona mediante la extracción de cascajo y piedra, a pesar de que la empresa alega una confusión de nombres entre «Pampas» y «Lomas» para minimizar el impacto.
Por otro lado, se denunció que Southern Perú no cuenta con la servidumbre de los terrenos, teniendo únicamente un contrato con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), y que la vía administrativa no ha sido agotada correctamente. Chirapo vinculó esta situación con una presunta corrupción gubernamental, señalando que el gobierno de Dina Boluarte reestructuró el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) para favorecer proyectos mineros que ya habían caducado técnicamente.
Tras la suspensión de la sesión en Lima —en la cual participaron pobladores que viajaron desde el Valle de Tambo con pancartas de protesta—, se espera que la audiencia sea reprogramada. Debido al periodo de vacaciones del Poder Judicial durante el mes de febrero, Roger Chirapo estimó que la nueva fecha se fijará para los meses de abril o mayo.
Los opositores al proyecto reafirmaron que continuarán en pie de lucha y confían en que las acciones judiciales, que incluyen procesos tanto en Lima como en Arequipa, logren frenar lo que consideran un atropello a los derechos de los agricultores y al ecosistema regional.
