Jesús Ramos Salazar, exservidor con discapacidad, afirma que la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) solo ha depositado el 10% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), mientras se ve obligado a acudir a la comuna en busca del total de su pago, subiendo escaleras pese a sus limitaciones físicas.
El trabajador jubilado de la MPT y beneficiario del CONADIS, denunció públicamente que la gestión del alcalde Pascual Güisa está vulnerando sus derechos fundamentales al no cancelar la totalidad de su CTS y someterlo a condiciones físicas extenuantes a pesar de su estado de salud.
Según relató Ramos Salazar, la situación de los jubilados es crítica. A pesar de que la ley establece el pago del 100% de los beneficios laborales al momento del retiro, la municipalidad ha optado por realizar pagos «por puchos».
Así, relató que tras una reunión irregular en enero entre el gerente general, Jonathan Ríos Morales, y el dirigente sindical Limber Calderón —a la cual no se permitió el ingreso de otros representantes como el señor Sanga—, se le prometió el pago del 30% de la CTS bajo el argumento de que «no hay plata». Sin embargo, Ramos denunció que hace apenas una semana solo se les depositó un ínfimo 10%.
A pesar de contar con carnet de CONADIS, prótesis en la pierna izquierda y problemas en la columna cervical, el exservidor denunció haber sido obligado a subir hasta el tercer piso del palacio municipal para realizar gestiones de cobro, debido a que la institución no facilita procesos para personas con movilidad reducida.
» He tenido que hacer cola en el banco y subir escaleras, lo que ha provocado que mi pierna derecha, que estaba sana, ahora esté inflamada y necesite operación», manifestó Ramos con evidente impotencia. Asimismo, criticó que mientras laboraba en el archivo central, las condiciones eran deplorables, sin servicios higiénicos adecuados para personas con discapacidad.
«El alcalde no hace empatía. Nosotros entregamos nuestra juventud y vida a la institución y ahora nos maltratan», lamentó el denunciante. Ramos Salazar ya ha interpuesto una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que enviará un documento a la municipalidad para exigir explicaciones por este trato.
Ramos Salazar advirtió que no es el único afectado. Existen otros 22 trabajadores próximos a jubilarse que podrían enfrentar la misma incertidumbre. Además, se reportó que trabajadores activos también presentan retrasos en sus pagos desde diciembre del año pasado.
