Moquegua. Bajo el liderazgo de la dirigenta Emperatriz Vizcarra, diversas organizaciones buscan cambiar la modalidad de designación ante la PCM para garantizar una representación técnica y ética que defienda el recurso hídrico.
En un esfuerzo por democratizar la vigilancia ambiental y social en la región, diversos sectores de la sociedad civil han iniciado una campaña formal para transformar la manera en que se eligen a sus representantes ante el Comité de Monitoreo de Quellaveco (CMQ).
La dirigenta social Emperatriz Vizcarra informó que se ha puesto en marcha una campaña de recolección de firmas en las tres provincias de Moquegua. El objetivo inmediato es alcanzar un mínimo de 1500 firmas para sustentar un pedido formal ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Con este respaldo, se busca lograr un «cambio trascendental» en el reglamento de elección de los miembros que integran dicho comité de monitoreo.
El núcleo de la demanda radica en la falta de conexión que, según los denunciantes, existe entre los actuales representantes y las necesidades de los trabajadores de base. Vizcarra enfatizó que el CMQ requiere una «representación real de la gente que trabaja», mencionando específicamente a sectores como el agrario y el textil.
«Necesitamos que la representación sea de gente que conoce la importancia del agua, porque si no, no la van a proteger», señaló la dirigenta, haciendo eco también del malestar de los agricultores de zonas como Tumilaca, quienes cuestionan los métodos de elección anteriores.
La propuesta de reforma apunta a establecer un proceso mucho más abierto y público, donde exista una «verdadera elección» entre todas las organizaciones sociales inscritas. La sociedad civil argumenta que es una cuestión de ética que los representantes conozcan de cerca los padecimientos de su rubro y que su sustento económico no dependa de contrataciones con la empresa Anglo American, municipios o el gobierno regional.
Según las declaraciones recogidas, se busca evitar que una «pequeña minoría» se beneficie con contratos privados mientras representa a la mayoría, asegurando que la vigilancia del proyecto minero sea objetiva y responda al bien común de la región.
