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Abogado denuncia irregularidades en caso de joven taxista baleado durante persecución policial

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El abogado Víctor Reátegui aseguró que existen irregularidades en la investigación del caso de Freddy Coaquira Yanapa, el joven taxista abatido el 11 de enero durante una persecución policial.

Según Reátegui, Coaquira Yanapa fue confundido con sospechosos de un caso de receptación de vehículo, pese a que se encontraba trabajando en un servicio de taxi por aplicativo y estudiando Ingeniería Civil. “Él no tenía nada que ver con este caso. Recibió una llamada para un servicio, hay registros de su recorrido y comunicación con colegas”, declaró el abogado.

El letrado cuestionó el uso de la fuerza por parte de los efectivos, calificándolo de excesivo e innecesario. “No ameritaba el uso de fuerza letal. Existían otros medios para realizar un control de identidad sin llegar a este desenlace fatal”, sostuvo, mientras que la Fiscalía ha tipificado el hecho como homicidio simple según el artículo 106 del Código Penal. Hasta el momento, los tres policías implicados permanecen bajo investigación y no han rendido declaración.

Reátegui también denunció retrasos y deficiencias en las diligencias. De las 23 diligencias ordenadas por la Fiscalía, solo se ha completado la declaración de los padres de la víctima y la extracción tardía de una cámara de seguridad privada. “La fiscal demoró alrededor de quince días en extraer la memoria de una cámara crucial, lo que ha dificultado esclarecer los hechos de manera oportuna”, afirmó.

Otro aspecto polémico es el hallazgo de un arma de fogueo en el vehículo del joven. La defensa sostiene que Coaquira Yanapa nunca tuvo relación con armas de fuego y que la evidencia podría haber sido colocada por los policías. “Descartamos totalmente que esta arma fuera de propiedad de mi patrocinado. Él nunca ha tenido antecedentes ni problemas legales”, señaló.

El abogado criticó además la falta de transparencia en la actuación policial y de la Fiscalía, incluyendo la ausencia de registros sobre el traslado del joven al hospital Hipólito Unanue y la no citación de oficiales que supervisaron la operación. “Existen múltiples situaciones irregulares que deberán aclararse. Se ha perdido información clave y los responsables aún no han rendido declaración”, denunció.

Finalmente, la defensa adelantó que continuará solicitando diligencias pendientes, como peritajes balísticos y pruebas dactiloscópicas, para esclarecer la responsabilidad de los implicados. “No pedimos más que el cumplimiento de la ley y que se investigue con seriedad la muerte de un joven cuya vida fue truncada en circunstancias que requieren máxima transparencia”, anotó.

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