Lima. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona, calificó como un “grave retroceso” la aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso de un dictamen que busca establecer límites temporales a la persecución de delitos de lesa humanidad.
La representante advirtió que la iniciativa contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen que estos crímenes son imprescriptibles y no pueden ser limitados por el tiempo.
Pariona señaló que el proyecto de ley 14337 pretende excluir del marco del Estatuto de Roma los delitos cometidos antes de su entrada en vigencia en 2002, lo que —según afirmó— distorsiona su aplicación.
“El Estatuto de Roma no establece una temporalidad para estos delitos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, enfatizó, recordando que en el Perú estos hechos ya se registraban antes de dicha fecha.
Uno de los puntos más preocupantes, según la CNDDHH, es que la norma podría aplicarse a procesos en trámite e incluso a sentencias ya emitidas, permitiendo recursos de revisión o nulidad.
Pariona advirtió que esta disposición podría favorecer la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y masacres, incluyendo hechos ocurridos en el sur del país entre 2022 y 2023.
La representante de la CNDDHH también cuestionó el enfoque del Parlamento, señalando que detrás del dictamen existiría la intención de favorecer a responsables de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, criticó el rol del congresista Fernando Rospigliosi, impulsor de la propuesta, señalando un cambio de postura respecto a su anterior defensa de casos vinculados a derechos humanos.
Finalmente, Pariona recordó que los tratados internacionales tienen rango constitucional en el Perú y deben ser respetados por la legislación interna.
En ese sentido, exhortó al Congreso a revisar el dictamen antes de su debate en el Pleno, advirtiendo que su aprobación podría comprometer el Estado de derecho y los estándares democráticos del país.
