Un grupo de 37 trabajadores de construcción civil estarían sin recibir el pago de sus haberes por los servicios prestados en la obra de creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las asociaciones de vivienda de la ampliación Viñani, sectores 3 y 4, en el distrito Gregorio Albarracín, proyecto ejecutado para la Municipalidad Provincial de Tacna.
Jael Vidal, representante de los trabajadores afectados, señaló que los obreros laboraron hasta el 2 de enero de 2026 bajo contrato del Consorcio Matías y que hasta la fecha se les adeuda el íntegro del mes de diciembre, además de otros conceptos pendientes. Indicó que desde enero se han presentado oficios y documentación ante la municipalidad solicitando la garantía de pago de sus haberes, sin obtener una respuesta concreta.
Por su parte, Juan Jiménez, integrante del equipo técnico de la obra y representante de los afectados, afirmó que sostuvieron diversas reuniones con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna, entre ellos el gerente de Ingeniería y Obras, Juan Diego Corrales, y el gerente general Jonatan Ríos Morales. Según manifestó, en dichos encuentros se les ofreció gestionar una solución, pero los compromisos asumidos nunca llegaron a concretarse.
Los trabajadores sostienen que la municipalidad tenía conocimiento de la deuda laboral incluso antes de que se resolviera el contrato con el Consorcio Matías. En ese sentido, exigen que la comuna asuma su responsabilidad solidaria frente a las obligaciones laborales pendientes y garantice el pago de los haberes adeudados a los 37 obreros y al personal técnico involucrado.
Asimismo, cuestionaron la falta de acciones efectivas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad que, según afirman, fue informada oportunamente sobre las irregularidades registradas durante la ejecución de la obra. Los afectados solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para evitar que la situación continúe prolongándose.
Finalmente, Vidal y Jiménez advirtieron que los trabajadores evalúan emprender nuevas acciones legales y administrativas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. “No estamos pidiendo una limosna, estamos exigiendo el pago por el trabajo realizado”, señalaron, al tiempo de demandar una solución definitiva tras casi seis meses de espera.
