En un megaoperativo iniciado en la madrugada de hoy, martes 2, las autoridades intervinieron 14 inmuebles vinculados a presuntas irregularidades en la ejecución de una obra de mantenimiento valorizada en más de medio millón de soles. La medida, ha sido dispuesta por la jueza Sonia Carolina Marín Valdivia a través de la Resolución Nro. 01, que comprende a cinco funcionarios municipales de alto nivel y a un grupo de siete proveedores.
Desde las 3:00 de la mañana, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, junto con personal de la DIRCOCOR y la División de Inteligencia de Lima, ejecuta un megaoperativo simultáneo de allanamiento, registro domiciliario e incautación en la sede de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), la Gerencia de Ingeniería y Obras (GIO) y 12 viviendas de funcionarios y proveedores.
Según información contenida en carpeta fiscal, la intervención responde al presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en el mantenimiento, remodelación y ampliación del tercer piso de la GIO, una obra valorizada exactamente en 550,000 soles.
Están comprendidos en la investigación: Juan Diego Corrales Ponce (Gerente de Ingeniería y Obras), Jorge Luis Zapana Quispe (Jefe de la Oficina de Abastecimiento), Milagros Alexandra Velarde Mestas (Jefa de Adquisiciones), Carlos Gerardo Cruz Espinoza (Jefe de Supervisión de Inversiones) y Guillermo Jesús Chocano Rossi (Inspector de la Obra). Junto a ellos, figuran siete proveedores en calidad de cómplices, varios con parentesco entre sí.
Según la tesis fiscal, el presupuesto de la obra habría sido fraccionado sistemáticamente en requerimientos menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) con el objetivo de eludir el proceso legal de adjudicación simplificada, permitiendo a los funcionarios de la comuna seleccionar de manera directa a los contratistas encargados de los bienes y servicios.
Además, la fiscalía sostiene que los trabajos de ampliación se habrían iniciado en octubre del año 2025 sin contar con licitaciones ni órdenes de servicio al 10 de noviembre, las cuales se habrían regularizado posteriormente. En varios casos, como el servicio de fabricación de tijerales metálicos, los materiales ya estaban instalados en la obra semanas antes de que se emitieran las órdenes de servicio o se diera inicio formal al contrato.
El operativo se desarrolló sin necesidad de utilizar la fuerza (descerraje), ya que los intervenidos permitieron el ingreso de las autoridades para la incautación de documentación, equipos informáticos, memorias USB y teléfonos celulares que sirvan como prueba para esclarecer la presunta comisión del delito en agravio del Estado.
Hasta el cierre de esta edición, el personal fiscal permanecía en el tercer piso de la municipalidad y de la GIO recabando información clave.
