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Intervienen vivero municipal por presunto uso de instalaciones para propaganda política

Arla Nohelia Flor Cruz, regidora del distrito de Torata.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino el vivero municipal del distrito de Torata, luego de que se denunciara el presunto uso de instalaciones públicas para la elaboración de material de propaganda política vinculado al movimiento Progresemos.

La diligencia se realizó tras la denuncia presentada por la regidora Arla Noelia Flor Cruz, quien acudió al vivero municipal, ubicado en el sector Mollesaja, para verificar información relacionada con un presunto uso indebido de bienes del Estado.

Según relató la concejal, al llegar al lugar, alrededor de las 3:30 de la tarde, observó la salida de camionetas y una combi de color plomo que, presuntamente, trasladaban materiales desde el interior del recinto. Durante la inspección, indicó haber encontrado diversos elementos que serían utilizados para la elaboración de propaganda electoral.

Entre los objetos hallados figuran retazos de tela de color amarillo y verde, pintura de los mismos colores, tendederos con ganchos y cartones con la figura de un perro, símbolo utilizado por el movimiento político Progresemos.

La denuncia cobra relevancia debido a que el actual alcalde de Torata, Luis Córdova, ha anunciado su candidatura a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto por dicha organización política.

Ante estos hechos, el fiscal Walker Ríos Calizaya se constituyó en el vivero municipal para realizar las diligencias correspondientes y levantar el acta de intervención. La regidora también señaló que durante la inspección se habría intentado restringir su ingreso a algunas oficinas del recinto.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público recopiló material fotográfico, registros audiovisuales y los elementos encontrados en el lugar, los cuales serán incorporados a la investigación para determinar si existió un presunto uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas.

Las diligencias continúan y será el Ministerio Público el que determine si existen responsabilidades administrativas o penales derivadas de los hechos denunciados.