El abogado Néstor Pari analizó la situación legal de los terrenos del Fundo Chololo, respaldando la denuncia de la Procuraduría Pública Anticorrupción sobre la existencia de un «interés indebido» en su administración. Según Pari, este interés es evidente dado que, pese a que los plazos legales ya han vencido y la propiedad debería haber sido revertida al Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Tacna persiste en continuar con el proceso administrativo.
Para el letrado quien ejerce la defensa legal de comerciantes del mercado Grau, es la inacción de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) la que llama poderosamente la atención, siendo esta actitud incluso un «silencio cómplice». Argumentó que, como propietarios y encargados de la administración junto al Gobierno Regional, no han intervenido para frenar las irregularidades.
Ante este escenario, Pari anunció que pondrá a disposición de la Procuraduría nuevas pruebas y directivas para sustentar una denuncia ampliatoria. El objetivo es que la investigación no se limite al delito de negociación incompatible, sino que abarque cargos más graves como omisión de funciones, concertación y colusión.
Por negociación incompatible han sido denunciados el gobernador regional Luis Torres Robledo, el alcalde provincial Pascual Güisa Bravo, el gerente municipal Jonatan Ríos y los que resulten responsables. Además han sido citados a declarar la totalidad de regidores provinciales. Sobre esto, Pari fue enfático en que los concejales deben sustentar técnicamente su postura.
«La omisión también forma parte a veces de responsabilidad penal, administrativa y de daños y perjuicios», advirtió el abogado, desestimando la idea de que el silencio o la falta de firma exima a los funcionarios de sus actos.
Además, Pari adelantó que su estrategia legal busca que este nivel de rendición de cuentas se extienda también a los consejeros regionales, quienes deberán acudir a declarar sobre su rol en este proceso.
Finalmente, el abogado confirmó que todas las pretensiones y pedidos de los sectores sociales interesados serán canalizados a través del procurador anticorrupción, con el fin de evitar la dispersión de denuncias.
«Vamos a sujetarnos para que sea el procurador la persona responsable… a través de ellos vamos a canalizar todos nuestros pedidos», concluyó.
Formalizan denuncia penal contra Torres, Güisa y Ríos por caso de Fundo Chololo
