El abogado especialista en Derecho Civil e Inmobiliario, Juan Carlos Huancapaza, advirtió sobre el incremento de conflictos relacionados con terrenos estatales y privados, señalando que el crecimiento del mercado inmobiliario también ha traído mayores riesgos para quienes invierten sin una adecuada asesoría legal. Indicó que muchos casos terminan en estafas contractuales, problemas de saneamiento físico legal y largos procesos judiciales.
Durante una entrevista en Radio Uno, explicó que desde la pandemia surgieron diversas empresas que ofrecieron proyectos inmobiliarios, lotes para agroexportación y otras inversiones que, en varios casos, incumplieron los contratos o presentaban serias irregularidades. Según señaló, muchas personas descubren estos problemas recién cuando intentan exigir la entrega del terreno, la devolución de su dinero o las ganancias prometidas.
El especialista recomendó que antes de comprar un inmueble no basta con revisar la partida registral, sino que es indispensable verificar la posesión del predio, los títulos archivados, la información catastral y los antecedentes legales. En ese sentido, enfatizó que la asesoría especializada debe entenderse como una inversión para prevenir futuros conflictos.
Huancapaza también cuestionó la gestión de algunos terrenos estatales, al señalar que la falta de control sobre estos espacios favorece invasiones y posteriores procesos de regularización, situación que, a su juicio, incentiva nuevas ocupaciones informales. Además, sostuvo que las entidades públicas deben fortalecer la protección del patrimonio estatal y cumplir oportunamente con los procedimientos de reversión cuando corresponda.
Finalmente, el abogado se refirió al proyecto del mercado mayorista en el Fundo Chololo, indicando que existen procesos judiciales y observaciones que aún deben resolverse antes de continuar con el desarrollo de la iniciativa. Consideró que cualquier proyecto de esta magnitud debe garantizar seguridad jurídica, proteger el interés público y evitar riesgos económicos tanto para el Estado como para los futuros usuarios de la infraestructura.
