El Colegio de Abogados de Tacna presentó una denuncia por presunta inconducta funcional gravísima contra la jueza civil de Moquegua, Gaby Edith Nina Escobar, por haber concedido una medida cautelar que suspendió la promulgación y publicación del proyecto de ley sobre la delimitación territorial entre Tacna y Moquegua. El decano de la orden, Jorge Luis Sosa Quispe, sostuvo que la resolución excede las competencias de un órgano jurisdiccional al intervenir en funciones exclusivas del Congreso de la República.
Sosa afirmó que la magistrada no habría considerado un precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional, el cual establece que los jueces no pueden paralizar el procedimiento legislativo mediante medidas cautelares. «Consideramos que la jueza ha debido tener en cuenta un pronunciamiento vinculante del Tribunal Constitucional que le dio la razón al Congreso y señaló que un juez no puede paralizar funciones que son exclusivas del Poder Legislativo», manifestó.
El decano también cuestionó la motivación de la resolución judicial al señalar que habría sido sustentada en publicaciones digitales y recortes de prensa. «Un magistrado no puede actuar sobre la base de fuentes periodísticas o publicaciones digitales; debió solicitar información oficial y fundamentar adecuadamente el peligro en la demora», indicó.
Respecto al procedimiento disciplinario, explicó que la denuncia será evaluada por la Autoridad Nacional de Control, entidad que deberá calificar la queja, solicitar los descargos de la magistrada y determinar si corresponde imponer una sanción. «La autoridad de control tendrá que resolver si existe mérito para aplicar una amonestación, suspensión u otra medida disciplinaria», precisó.
Finalmente, Sosa señaló que el Colegio de Abogados continuará realizando seguimiento al proceso principal y consideró que la demanda debería ser declarada improcedente. «Esperamos que la magistrada prescinda de la audiencia y emita una sentencia que declare improcedente la demanda, porque no se está vulnerando ningún derecho protegido por la Constitución», concluyó.
