El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ejecutaron la madrugada de este viernes 7 un megaoperativo simultáneo en las regiones de Tacna, Arequipa y Madre de Dios, como parte de una investigación orientada a desarticular una presunta organización criminal dedicada al fraude contra el Sistema Privado de Pensiones mediante la falsificación de documentos.
La diligencia fue dirigida por la fiscal provincial Lissette Mabel Velásquez Dávila, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, quien condujo la ejecución de las órdenes de detención preliminar judicial, allanamiento con descerraje, registro domiciliario e incautación en ocho inmuebles ubicados en las tres regiones.
La investigación comprende a Edgar Eduardo Poma Condori, quien laboró en la Unidad Médico Legal Jorge Basadre de Tacna y otras nueve personas por los presuntos delitos de uso de documento falso, banda criminal, falsedad ideológica, falsedad genérica y estafa agravada.
En Tacna, el operativo contó con la participación del fiscal Emyl Quispe de la Sota, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, y del fiscal adjunto Moisés Prudencio Condori, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional.
La investigación guarda relación con diligencias iniciadas en 2024 que involucraron al exmédico legista Edgar Eduardo Poma Condori. De acuerdo con la investigación fiscal, el profesional es investigado por la presunta emisión de certificados de defunción y otros documentos que habrían sido utilizados para tramitar beneficios previsionales de manera irregular.
Como resultado de las diligencias fueron detenidas preliminarmente cinco personas: dos en Tacna, dos en Madre de Dios y una en Arequipa. Entre los intervenidos se encuentra Poma Condori, quien según la hipótesis fiscal, sería el presunto líder de la organización investigada. Durante los allanamientos también se incautó documentación y equipos informáticos que serán sometidos a pericias.
Según la tesis del Ministerio Público, la presunta organización habría implementado un esquema de fraude previsional con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos, entre ellos pensiones de sobrevivencia, reembolsos por gastos de sepelio y otros derechos previsionales en perjuicio de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del Estado.
La investigación sostiene que los involucrados obtenían información de afiliados fallecidos y, con la presunta participación de un exmédico legista, elaboraban certificados de defunción con fechas, causas y lugares de fallecimiento adulterados, incluso consignando diagnósticos inexistentes o incompatibles con los decesos reales.
Asimismo, la Fiscalía señala que la red habría utilizado empresas fachada para registrar aportes previsionales simulados con posterioridad al fallecimiento de los afiliados, aparentando vínculos laborales vigentes. También se investiga el presunto uso de partidas de nacimiento adulteradas para acreditar vínculos familiares inexistentes con menores de edad, además de poderes notariales y comprobantes de pago presuntamente falsos emitidos por funerarias ficticias o por servicios realizados fuera del tiempo correspondiente, con el propósito de sustentar solicitudes de reembolso por gastos funerarios.
El Ministerio Público informó que los elementos incautados serán analizados para determinar el alcance de las presuntas actividades investigadas y la posible responsabilidad de los implicados.
