Tras protestas y bloqueo en la Costanera realizado por proveedores de la doble vía Boca del Río, denunciando falta de pagos de la empresa Macontra subcontratada para la ejecución de la obra a cargo del Consorcio Vial Sama (integrado por Construcción y Conservación del Norte S.A.C. y la empresa china Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú). La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) al ser consultada por Radio Uno, reveló que detectó una serie de presuntas irregularidades vinculadas a la empresa en mención.
El intendente regional de SUNAFIL, Eduardo Pérez Maldonado, señaló que realizaron intervenciones en obra luego de recibir denuncias relacionadas a incumplimiento con los trabajadores, principalmente en comedores, servicios higiénicos y vestuarios instalados en el campamento. Así, afirmó que durante las diligencias detectaron que la Constructora y Conservación del Norte (CCN), integrante del Consorcio Vial Sama, habría incorporado a Macontra al proyecto sin haber gestionado previamente la autorización contractual correspondiente ante Provías Nacional.
Pérez Maldonado indicó que, al momento de la fiscalización, Macontra contaba con más de 200 trabajadores contratados bajo el régimen laboral común, pese a que por las características de sus labores les correspondería el régimen de Construcción Civil. Además, los inspectores contabilizaron más de 50 unidades de maquinaria pesada que, según precisó, pertenecerían a la empresa Macontra. Aunado a ello, pequeños empresarios tacneños reportaron deudas acumuladas desde abril hasta agosto de 2026.
A partir de las observaciones realizadas por SUNAFIL, y tras las coordinaciones con entidades como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Tacna (GRT), la empresa principal habría iniciado el proceso para regularizar la participación de Macontra como subcontratista ante Provías Nacional.
En paralelo, SUNAFIL mantiene abiertos diversos expedientes de investigación relacionados con la formalización de trabajadores, incorporación al régimen de construcción civil y pago de los beneficios sociales correspondientes. También se revisan las liquidaciones de trabajadores que ya fueron cesados. A ello se suman investigaciones por presuntos accidentes laborales, condiciones de seguridad en la obra, entrega de equipos de protección personal y la contratación de seguros obligatorios, entre ellos el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro Vida Ley.
Respecto de las sanciones, el funcionario recordó que las infracciones detectadas en materia laboral dieron lugar inicialmente a una multa que superaba los S/ 13 millones contra el Consorcio Vial Sama. Sin embargo, explicó que la sanción tuvo que ser reducida debido a los límites establecidos por el artículo 38 de la Ley General de Inspección del Trabajo (Ley N.° 28806), por lo que el monto efectivo quedó establecido en aproximadamente S/ 1 millón 170 mil.
Pérez Maldonado aclaró que la competencia de SUNAFIL se limita a la protección de los derechos laborales y que no puede intervenir directamente en controversias comerciales entre empresas. Por ello, recomendó a los proveedores acudir a Provías Nacional y la Contraloría para plantear sus reclamos y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y planteó que el GRT implemente su propio equipo de inspectores laborales, a fin de reforzar la vigilancia.
Proveedores de la doble vía a Boca del Río protestan por millonarias deudas
