El abogado Néstor Pari sostuvo que la vicegobernadora regional de Tacna, Liliana Velasco Cornejo, podía asumir temporalmente las funciones del gobernador Luis Torres Robledo durante su detención, en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Así lo señaló durante una entrevista con Radio Uno, al analizar la intervención policial que terminó con el traslado de la autoridad regional a la Comisaría Central.
Según Pari, la detención del gobernador constituía un impedimento temporal para ejercer sus funciones, por lo que correspondía a la vicegobernadora reemplazarlo mientras durara esa situación. Precisó que, a su interpretación, no era necesario que el Consejo Regional le delegara previamente dicha facultad, pues se trataba de una medida temporal para evitar que la administración regional quedara sin conducción.
El abogado cuestionó la denuncia por presunta usurpación de funciones que motivó la intervención policial contra Velasco Cornejo. Consideró que la actuación del asesor del gobernador, César Málaga, fue apresurada y afirmó que las autoridades ya tenían conocimiento de la detención de Torres Robledo. En ese sentido, sostuvo que, si la denuncia fuera archivada, podría evaluarse una acción por presunta denuncia calumniosa contra quienes la promovieron.
Pari también cuestionó la actuación de la Policía Nacional y del Ministerio Público, al considerar que la intervención contra la vicegobernadora contrastó con la respuesta que, a su juicio, se ha dado a otros asuntos pendientes en la región. Entre ellos mencionó las controversias relacionadas con la transferencia de terrenos del fundo Chololo para el proyecto del mercado mayorista, tema que involucra pedidos de información y cuestionamientos sobre el procedimiento seguido.
Finalmente, el abogado señaló que Velasco Cornejo cuenta con el respaldo de diversos ciudadanos y dirigentes, y expresó que los pedidos de fiscalización relacionados con la gestión regional deben atenderse conforme a ley. Sus declaraciones corresponden a su interpretación jurídica de los hechos y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva sobre la legalidad de la actuación de la vicegobernadora o la existencia de responsabilidades penales.
