(Cortesía Andina).- El fiscal supremo José Peláez Bardales, pidió hoy que el ex presidente Alberto Fujimori sea condenado a 30 años de pena privativa de la libertad por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros en el sótano SIE.
El magistrado aseguró que el ex mandatario dio la orden al grupo Colina para ejecutar los crímenes contra un grupo de 25 personas, entre ellas un niño de ocho años, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, en 1992.
"Los comandos ejecutores del grupo Colina fueron quienes llevaron a cabo los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta al amparo de un plan estratégico minuciosamente estructurado en un aparato de poder estatal ilícito", señaló.
Aseveró que la aprobación y la orden para la ejecución de estas "operaciones especiales" las dio Fujimori, a través de la cadena de mando del aparato de poder, en cuya cúspide se hallaba ubicado el acusado.
Manifestó que los secuestros de Gorriti y Dyer también se produjeron por orden y con conocimiento del entonces jefe de Estado, bajo el mismo sistema de la cadena de mando.
Tras esta exposición, el representante del Ministerio Público, formuló acusación contra Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor del delito de homicidio calificado en agravio de Luis Antonio León Borja, y otras personas, por el caso Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, lo acusó por el delito de lesiones graves en perjuicio de Felipe León y otros, por estos mismos casos.
Fujimori también fue acusado por los secuestros de Dyer y Gustavo Gorriti, perpetrado tras el autogolpe de Estado del 5 de Abril de 1992.
Estos delitos están en conformidad con los artículos 11, 12, 23, 29, 45, 46, 92, 83, 108 (inciso uno y tres), 121 (inciso 1, 2 y 3), 152 (incisos 1) del Código Penal, señaló el fiscal supremo.
Tras mencionar la legislación pertinente, Peláez Bardales, pidió que Fujimori sea condenado a 30 años de pena privativa de la libertad, y pidió que pague la suma de 100 millones de nuevos soles de indemnización en favor de los deudos.
Asimismo, solicitó que el ex mandatario pague otros 300 mil nuevos soles a las personas secuestradas.
El representante del Ministerio Público aclaró que no se le reprocha al procesado la lucha contra el terrorismo, sino "la aplicación de la venganza, la ley del Talión, del ojo por ojo, la guerra sucia, la eliminación extrajudicial de seres humanos".
