La Corte Suprema de Justicia de Lima declaró ayer improcedentes los recursos constitucionales de Hábeas Corpus presentados por la defensa legal de los etnocaceristas encarcelados por la asonada de Andahuaylas, a través de los cuales se buscaba el cambio mandato de prisión preventiva por el de comparecencia.
Los magistrados a cargo del juzgamiento desestimaron los 160 recursos presentados por el estudio Inga Garay argumentando que primero debían pronunciarse respecto al pedido de nulidad de la ampliación del período de carcelería, interpuesto el tres de enero.
El recurso de nulidad, explicó el abogado defensor Edmundo Inga Garay, estuvo basado en que a inicios de año, cuando la ampliación del mandato de prisión preventiva por otros de 36 meses, a dos de los 160 procesados se les dictamino prisión domiciliaria, existiendo un criterio desigual para ellos frente a los otros 158 etnocaceristas.
"Han sacado erróneamente resoluciones declarando improcedente, diciendo que primero la Corte Suprema tiene que ver la nulidad que hemos planteado anteriormente, cuando el hábeas corpus es porque se está violando el derecho constitucional", manifestó.
"Los hábeas corpus para todos y cada uno de ellos, individualizado, se basa en cómo se está violando un derecho fundamental que es de la libertad individual, el derecho al debido proceso, y el de igualdad ante la ley; sin embargo no hay un pronunciamiento claro respecto a uno u otro sentido", agregó.
Cabe mencionar que la defensa legal de los procesados por la toma de la Comisaría de Andahuaylas, hecho en el que fallecieron miembros policiales, ya ha apelado las resoluciones de improcedencia de la Corte Suprema; mientras que sus patrocinados continúan con una huelga de hambre indefinida, al interior de los penales conde están reclusos.
