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Hay un claro consenso para modificar la ley y recuperar la autonomía universitaria

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Ada Gallegos de la ASUP señaló que existen hasta 5 iniciativas legislativas que buscan modificar la norma y evitar que las casas de estudio del país se mantengan bajo la subordinación de la SUNEDU y el gobierno de turno.

Directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Ada Gallegos.

Para la directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Ada Gallegos, las iniciativas legislativas que buscan modificar La Ley Universitaria han logrado el consenso de la mayoría de las partes: recuperar la autonomía universitaria, y no permitir que las casas de estudio del país se mantengan bajo la subordinación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

En diálogo con RADIO UNO señaló que -desde la entrada en vigencia de la norma- las universidades han buscado rutas para que el proceso de implementación se cumpla en los mejores términos. Sin embargo la ley fue impuesta y además de generar un desgobierno, la SUNEDU vulneró la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y las leyes.

«Está interviniendo en todos los niveles hasta para la aprobación de los programas, el régimen de investigación y los gobiernos (…) No se puede mantener a las universidades bajo la subordinación de una entidad administrativa que corresponde a un régimen determinado de una administración de gobierno, no se puede seguir sometiendo así la libertad de pensamiento», dijo. 

Recalcó que el gran logro que se ha conseguido en esta etapa es el «claro consenso con las propuestas de ley que se han presentado y que indican que la ley merece ser modificada» esencialmente en el punto de discusión que tiene que ver en la recuperación de la autonomía universitaria que implica 3 factores:

1.   La superintendencia no puede seguir siendo más una dependencia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto tendría que convertirse en una  entidad autónoma y para que eso pueda ser posible hay que cambiar a quienes la integran, porque han sido designados por el ministro, lo que implica una clara dependencia a un poder de turno.

2.   Cambio directo de lo que son las competencias porque es una “barbaridad” una omnipotencia que se le ha dado a esta entidad administrativa del Ministerio de Educación, porque en sus funciones aparecen funciones propias de la Controlaría de la República, así asume la fiscalización de los recursos, y en el caso de los privados la SUNEDU se atribuye también roles de la Sunat y las incorpora a sus competencias. También funciones del Poder Judicial y “Con solo un escrito de los miembros de la superintendencia podían dejar sin efecto el gobierno de una universidad, un examen de admisión, o un proceso de nombramiento”.

3.   La ley Universitaria hizo desparecer el sistema de acreditación en la cual las universidades venían desarrollándose. Más de 3000 carreras se han quedado en el camino para que puedan ser acreditadas y se debe corregir eso, señaló Gallegos.     

Finalmente mencionó que la ley Universitaria es inaplicable para las universidades públicas porque fue concebida si un presupuesto para su ejecución. «¿Esperan que se acabe la gratuidad? ¿Que los jóvenes paguen lo que el Estado no puede cubrir?«, cuestionó.