(ANDINA).- Un tribunal de Sincelejo ordenó el arresto del presidente Álvaro Uribe y de algunos funcionarios, por tres días, por desacatar un amparo constitucional que garantizaba aumento salarial.
La medida fue adoptada por el Tribunal Superior de Sincelejo debido al desacato de una acción de tutela que el 29 de febrero pasado ordenó al Gobierno nivelar los salarios de 148 empleados del sector judicial del departamento de Sucre (norte).
Al fallar la acción de tutela, una figura que garantiza el cumplimiento de diversos derechos constitucionales, el tribunal dio un plazo de tres meses al Gobierno para tomar las medidas de rigor, informó DPA.
Según el tribunal, el incumplimiento del fallo implica un arresto por tres días para Uribe; los ministros del Interior y Justicia, Fabio Valencia; y de Hacienda, Áscar Iván Zuluaga; de la directora del Departamento de Planeación Nacional, Carolina Rentería; del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres; y de otro funcionario del Ejecutivo.
El Tribunal Superior de Sincelejo designó para el caso a tres conjueces, quienes concluyeron que los trabajadores que interpusieron la acción de tutela consideran que tienen "una remuneración salarial evidentemente discriminatoria e inadecuada".
Los conjueces señalaron que la última palabra en este caso la tiene la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, los mismos conjueces incurrieron en contradicciones al explicar la medida, pues mientras el jurista Gustavo Lions dijo que el arresto de los funcionarios se debe cumplir de inmediato, su colega Freddy de la Ossa dijo que primero hay que esperar la decisión del Supremo.
El viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, afirmó que la decisión del tribunal le parece "un desafuero que atenta contra la figura de la tutela".
Orozco comentó que el fallo "no tiene sentido", pues se trata de un conflicto económico que no debería resolverse por esa figura constitucional.
"No puede pensarse que tantas autoridades y de tan elevado rango (Uribe y los demás funcionarios) hayan violado un derecho fundamental que se reduce a una pretensión salarial que no viola derechos esenciales de los ciudadanos", dijo Orozco.
Según el viceministro, el Gobierno apelará esa "decisión extravagante" y esperará a que un juez "con mayor sensatez revoque inmediatamente la medida".
El fallo del tribunal se conoció en momentos en que hoy comienza una huelga del sindicato de los empleados de la rama judicial para reclamar al Gobierno un reajuste salarial, la revisión de los concursos para vincular a fiscales y jueces, y la ampliación de la nómina.
La Asociación Nacional de Funcionarios de la Rama Judicial (Asonal) tiene unos 42,000 afiliados, pero los primeros reportes de medios de prensa indican que no todos cumplieron la orden del cese de actividades.
