El gerente general del Gobierno Regional de Tacna (GRT), Luis Valdivia, reconoció que el Gobierno Regional de Puno logró en 2020 una medida cautelar que paraliza el proyecto Vilavilani II Fase I que busca el traslado de recurso hídrico desde la provincia Tarata a la ciudad.
No obstante aseguró que el GRT no se quedó de brazos cruzados e interpuso una demanda de amparo en favor de la obra antes de ser emitida la medida por un Juzgado de Puno, pero desde 2019 el recurso no es resuelto en la Corte Superior de Justicia de Tacna.
Detalló que en octubre de 2019 fue interpuesta la demanda de amparo y está próxima a ser sentenciada «lo tiene el juez Saúl Felipe Arenas Pérez con expediente 2328 del año 2019». Además refirió que luego de ser conocida la medida cautelar fue interpuesta oposición ante el Juzgado de Puno que tiene en manos la causa, pero a la fecha tampoco se pronuncia.
“El juez de Puno es a la medida de los intereses del Gobierno Regional de Puno porque no resuelve la oposición interpuesta por el Gobierno Regional de Tacna” de tal manera que, el hecho derivó en una «queja ante la Oficina de Control de la Magistratura», acotó.
Según Valdivia, de ser resuelta la demanda esta frenará la medida cautelar de Puno pues -alegó- que el derecho al agua se superpone a los alegatos de medio ambiente que argumenta la región vecina.
El abogado acotó que Tacna demanda 1100 l/s de agua para sobrevivir, pero existe una brecha de 361 l/s que busca conseguir Vilavilani.
