La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna mediante Exp. 02328-2019 confirmó la sentencia del 12 de julio de 2021 y declaró infundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) en contra del Gobierno Regional de Puno (GRP) y Municipalidad Provincia de Tarata. Como es sabido, el GRP consiguió una cautelar que mantiene paralizado el proyecto Vilavilani II Fase I, en su componente Vilachaullani- Calachaca-Chuapalca.
Al respecto, el procurador del GRP, Santiago Molina confirmó que su despacho fue notificado de la resolución. Al respecto, refirió que era incomprensible que el GRT busque que ningún recurso sea interpuesto contra el proyecto hídrico.
La demanda que fue interpuesta por la Procuraduría del GRT contra el GRP y la Municipalidad Provincial de Tarata, peticiona que, frente a los graves actos de perturbación realizados por diversas autoridades del GRP para impedir la ejecución de la obra impidiendo irracionalmente el acceso al esencial recurso hídrico a las localidades de Kovire, Challapalca, Ancuyo, Mamuta, Kallapuna, Tittijahuani y Chuapalca, ubicados en los distritos de Ticaco y Tarata, se ordene al GRP cese de inmediato la amenaza inminente y se abstenga de la realización de cualquier acto que impida o se destine a impedir por medios directos o indirectos la ejecución de la citada obra. Siendo así, estima amenaza, por parte del GRP el derecho fundamental al agua, en detrimento de los pobladores de las localidades indicadas.
Según el expediente al cual Radio Uno tuvo acceso, la sala alegó que si bien es cierto que en el presente caso la Procuraduría de Puno interpuso demanda contra el GRT para que se deje sin efecto el proceso de convocatoria del Proyecto, habiéndose incluso declarado fundada una medida cautelar en el proceso; «sin embargo, bajo ningún concepto podría disponerse que se abstenga de acudir al Poder Judicial para poner en movimiento la actividad jurisdiccional; sin perjuicio que, de considerarlo la parte demandada en aquellos procesos que promueva, interponga las correspondientes demandas de responsabilidad (evidentemente de haber un ejercicio irregular del derecho de acción), tema que no puede ser debatido en esta instancia”.
Así también, destacó que “resulta evidente la oposición del GRP a la ejecución del tantas veces citado proyecto (…) sin embargo, esta circunstancia no resulta suficiente para, a partir de allí, inferir que el GRP ejecutará acciones ilegales que impidan la ejecución del proyecto”.
En cuanto a la sindicación de actos violentos en contra del campamento del proyecto por el cual fueron sindicados como instigadores el GRP y la Municipalidad de Tarata, la sala concluyó que «resultan objetivos los actos de perturbación en el desarrollo del proyecto por parte de ciudadanos de la zona y del sur de la Región Puno; sin embargo, no se identificó a ningún funcionario o servidor del GRP ni del municipio de Tarata, estando en investigación la utilización de vehículos de transporte del referido Gobierno Regional».
Al voto queda demanda contra cautelar de Puno que paraliza Vilavilani
