La denuncia se sustenta en que las diversas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López Arredondo y el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
En el escrito, el procurador general del Estado señala una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente de la República también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en la cual vienen siendo investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo.
Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña. Cabe resaltar que la Procuraduría General del Estado solicitó información sobre estas reuniones al secretario general del despacho presidencial, quien informó en dos ocasiones que no tenía registro de las reuniones que allí se llevaron a cabo.
En el documento, Soria Luján solicita a la Fiscal de la Nación, que una vez abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado.
