Por: Juan Miranda Sánchez
La derecha peruana, hoy en el gobierno, en el Congreso y desde los medios de comunicación masivos ha estigmatizado a la protesta de la población calificándola como la acción de un grupo de vándalos.
“Manifestaciones que atentan contra instalaciones públicas o privadas, no son manifestaciones pacíficas, son acciones vandálicas” es el argumento y le sirve para deslegitimar la protesta y plantear la “pacificación” y el dialogo para recuperar la “gobernabilidad”.
Lo interesante es que el “dialogo” es fundamentalmente con los mismos sectores de la derecha en el poder, y así la “pacificación” parece más bien una estrategia de impunidad que nos haga olvidar que hay más de 60 peruanas y peruanos asesinados por este gobierno.
Volvamos al concepto que maneja la derecha ante la protesta: “los que atentan contra instalaciones -como aeropuertos por ejemplo- están cometiendo actos vandálicos”. Se trata de un concepto legítimo, el delito comprobado se castiga; así como es legítimo preguntarse ¿cuál es entonces el nivel de vandalismo de quienes destruyen las instituciones? Porque así como se atenta contra instalaciones físicas; también se atenta contra el espíritu institucional.
Un delito es que se quemen las instalaciones de una Fiscalía; otro delito también es que la institución que debe representar al Estado y la sociedad se convierta en arma de persecución a los “enemigos” del gobierno. Eso ya lo vivimos durante el fujimorato.
Porque si bien el principio de orden y legalidad debe ejecutarse ante la existencia de vandalismo; es un imperativo que la sociedad actúe y tome firme posición ante el vandalismo que destruye a las instituciones del Estado peruano; porque es efectivamente eso lo que está sucediendo hoy.
Si bien la última crisis detona a partir del remedo de autogolpe del nefasto gobierno de Pedro Castillo, los golpes contra las instituciones democráticas se vienen dando desde mucho antes y se hicieron evidentes con la absoluta mayoría congresal fujimorista del año 2016. Si bien los congresos anteriores ya evidenciaban la miserable calidad de representantes de la política peruana; el
Congreso de mayoría fujimorista del 2016 significó la destrucción del órgano legislativo como una de las instituciones fundamentales de la Democracia peruana. A partir de entonces el Congreso ha sido un elemento obstruccionista a la gobernabilidad (desde entonces tenemos 6 presidentes en algo más de 7 años que no han podido concluir su mandato) ha defendido intereses económicos subalternos, como el de los dueños de universidades privadas en su lucha contra la SUNEDU; y ha sido también un instrumento para copar otras instituciones, como lo que acaba de suceder ayer jueves 23 después de la resolución del Tribunal Constitucional que le permitirá manejar a otras instituciones de nuestra débil Democracia.
El mismo Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron nombrados de manera tan irregular por este Congreso es la muestra de esta persistente destrucción de las instituciones del Estado peruano. No olvidemos jamás que esa elección se hizo en contubernio entre la derecha y los impostores disfrazados de “izquierda”, Perú Libre, “cerronistas” y “castillistas”.
Con este fallo del TC el Congreso puede cambiar y nombrar un Defensor del Pueblo a su medida. La actual defensoría venía registrando imparcialmente los hechos que se producían durante las marchas. A este Congreso no le conviene una verdadera Defensoría del Pueblo, y ahora puede cambiarla. Ahora este Congreso también puede reformar los reglamentos para incorporar a miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe de la RENIEC. Poder apoderarse de los organismos electorales era uno de los máximo anhelos de la derecha en el Congreso; ayer lo lograron, en miras de las próximas elecciones y todas las consultas que vengan posteriormente.
La derecha peruana instalada hoy en el poder con Dina Boluarte como imagen de presidenta está destruyendo sistemáticamente las instituciones del Estado, destruyó el Congreso, el Tribunal Constitucional, se apoderó de los órganos electorales, ha destruido completamente a la Policía Nacional del Perú convirtiéndola exclusivamente en un brazo represor abusivo y quitándole toda condición de servicio público, entre los hechos más visibles de estos días.
Volviendo a los primeros párrafos de este texto, podemos entonces volver a preguntarnos, ¿cómo debemos llamar y qué nivel de vandalismo es el que debemos atribuir a quienes destruyen el espíritu de las instituciones del Estado, se apoderan de ellas y las manejan en su propio interés? Aunque lo más importante no es cómo les llamemos; sino cómo accionamos contra ellos, cómo recuperamos nuestro país.
Los únicos que están cumpliendo esta tarea hace casi 3 meses son los que permanecen en las calles del Perú, poblaciones autoconvocadas, con gran mayoría en los pueblos del sur, sobre todo en el altiplano, que se mantienen enfrentando la injusticia de asesinatos que siguen impunes; pero que desde los días de diciembre en que se manifestaron tenían claro que había que detener el accionar vandálico del Congreso.
Lo sucedido ayer, que impide al Poder Judicial contener las barbaridades del Congreso y que le permite a éste controlar otros poderes del Estado, ha demostrado que la protesta tiene razón. Si ahora la gente empieza a darse cuenta que están destruyendo las instituciones y que están dinamitando lo poco de Democracia que nos quedaba y que solo la población puede salvar nuestro país; pues eso es lo que viene haciendo esa población movilizada desde las provincias hace casi 3 meses y con más de 60 ciudadanos asesinados en esa lucha.
Las manifestaciones en las calles del Perú son evidentemente políticas porque no existe otra vía para salvar la Democracia peruana, el gran problema es no tener una plataforma política clara y mucho menos un nivel de organización que la sustente. Las marchas pacíficas son solo una de las formas de enfrentar el problema, hay otros mecanismos legales que la ciudadanía puede y debe implementar; y hay otras formas de lucha que ya deberían ser tomadas en cuenta como el de la desobediencia civil y el boicot económico contra los poderes que sustentan el actual régimen.
Mal haríamos si nos perdemos solamente en el corto plazo, para el cual ya se nos está pasando el tiempo; porque lo más importante es lograr una plataforma democrática que permita a partir del próximo gobierno ir re estableciendo la institucionalidad democrática peruana; ir reformando las instituciones, ir recuperando el país. Esos retos son inmensos y sería absurdo e ingenuo pensar que solamente un partido, solo uno de los sectores del espectro político, puede asumirlos. La única salida es la más amplia plataforma de sectores y organizaciones democráticas en el Perú, la Izquierda democrática, organismos ciudadanos y populares, el progresismo, el centro político y las pocas personalidades liberales que quedan de lo que fue la derecha peruana. Constituir esta amplia plataforma democrática es la única manera de acompañar efectivamente a la población rural y provinciana que empezó a movilizarse desde diciembre y que tenía muy claro que el gran peligro era el Congreso, es la única manera de honrar a los más de 60 peruanas y peruanos que fueron asesinados en esa lucha por recuperar nuestro país.
