Sin acceso adecuado en caso de emergencia han quedado 800 escolares del centro educativo Paradise International College ubicado en una propiedad contigua a la mezquita Bab Ul Islam en la avenida Manuel A. Odría, frente al óvalo Callao, cercado de la provincia de Tacna. Debido a que, este sábado 27 desde antes de las 8:00 a. m. iniciaron trabajos de cercar, con mano de obra – en su mayoría- venezolana, lo que hasta hace unos días era usado como acceso al plantel.
La alerta fue dada por el abogado Cristian Astete, defensa legal de la parte afectada. Según el penalista, la acción es irregular pues vulnera la seguridad de los educandos que se quedan expuestos al peligro al no contar con vía amplia para el paso de bomberos y ambulancias.
Ordenanza a pedido
Y que la obra está amparada en la ordenanza municipal 0011-2020 firmada por el exalcalde Julio Medina el 30 de octubre de 2020 emitida a solicitud expresa de Azhar Ahmed, eliminando así el tramo que hasta ese entonces en el Plan de Desarrollo urbano (PDU) estaba proyectado a convertirse en avenida Luis Basadre Flores, unión entre la avenida Grau y la calle Venezuela.
A modo de prueba, el colegio cuenta con un certificado de zonificación y vías expedido el 1 de julio de 2019 con vigencia de 36 meses en el cual se reconoce que el predio en mención figura en el PDU como vía de tránsito. Así, anunciaron medidas legales contra todos aquellos que facultaron la ordenanza.
La ordenanza en su artículo primero dispone «aprobar la modificación de trazo vial en el PDU 2015-2025 respecto a la rectificación de la avenida Luis Basadre Flores y de la calle Escorpio, proponiendo el replanteo de la calle Escorpio, proyectado hasta la calle Miraflores considerando ahora su proyección en un tramo de 85.00 ML y la modificación de la prolongación de la avenida Luis Basadre Flores eliminándose entre el tramo (av. Grau hasta la calle prolongación Venezuela), a solicitud de Don Azhar Ahmed en representación de Abdul Ghani Quereshi propietario del sub lote A, sector pago Silpay».
Por su parte, representantes del colegio entre ellos el director Yoni Zacarias Larico informaron ya haber solicitado la nulidad de la ordenanza, pero que esta camina «a paso de tortuga» en la ahora gestión edil de Pascual Güisa. A la vez, culparon a la exautoridad por el perjuicio ocasionado afirmando que «llama a la suspicacia que se le de posesión a una persona natural, cómo un regalo» negando así pase libre no solo a escolares, también a urbanizaciones que usan el camino para su tránsito diario en beneficio de un ciudadano paquistaní que alega ser el dueño del terreno, pese a que el artículo 71 de la Constitución prohíbe a extranjeros la compra de propiedades dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras y solo se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
Demandados no darán marcha atrás
Radio Uno también conversó con la otra parte a través del abogado Freddy Bernedo Quispe quien – en la zona de obras- justificó el cierre del acceso alegando que su cliente por derecho está tomando posesión de su predio que por 12 años el colegio usó sin pagar, pero que en un acto de buena fe cedería 5 metros como salida temporal. Para ello mostró licencia de edificación emitida el 27 de diciembre de 2022 (al cierre de la gestión Medina) autorizando un cerco de 532.23 metros más no plano catastral y negó en primera instancia la existencia de la ordenanza – que según los demandantes- fue emitida como un favor a su representando.
Al tomar conocimiento – por Radio Uno- de la ordenanza, el abogado aseveró de manera exaltada que esta «no se puede anular, la ordenanza tiene rango de ley, la única forma de invalidar, lo voy a ilustrar, es a través de proceso de inconstitucionalidad o sino a través de un control difuso». Es más, incluso llegó a calificar de «ignorante» al periodista que le mostraba el documento que segundos antes negaba.
«Existe acá una ordenanza en concreto, si la otra parte cree que su derecho se ha afectado que vaya a la vía de inconstitucionalidad sino a la vía de un proceso que bueno ahora no me acuerdo pero ya le he manifestado. Existe la ordenanza entonces respetemos la ordenanza», sentenció.
Abogado Cristian Astete, defensa legal del centro educativo
Abogado Freddy Bernedo Quispe, parte demandada
