En audiencia de incoación a proceso inmediato contra Carlos Segura Losa, un sujeto sindicado como el presunto autor de actos de crueldad contra una perrita en grado de tentativa. El caso, que ha generado gran revuelo entre los animalistas y la comunidad en Tacna, se remonta al pasado 16 de agosto, aproximadamente a las 11:30 de la noche. Según la representante del Ministerio Público, la fiscal Anita Meneses, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle Francisco Cornejo, a espaldas del Mercado Central.
Un testigo observó a Segura Losa acariciando «extrañamente» a una perrita de raza peruana. Al ser increpado, el sujeto habría utilizado términos que sugerían una agresión sexual, lo que motivó la intervención de agentes de Serenazgo y su posterior traslado a la comisaría Central.
Durante la audiencia de incoación a proceso inmediato, el primer juzgado de investigación preparatoria transitoria de la unidad de flagrancia dictaminó la procedencia del proceso. La fiscal Meneses subrayó que se está procesando el caso en grado de tentativa, lo que significa que no se busca probar una agresión sexual consumada, sino el intento. Por su parte, el abogado de la defensa pública del individuo presentó el resultado negativo del examen realizado por el médico veterinario municipal, el cual no encontró evidencia de agresión sexual en la perrita. No obstante, la fiscalía sostiene la acusación por tentativa, lo que fue aceptado por el juzgado.
Una de las asociaciones que se ha personado en el proceso es la Asociación Capitán Gatuno, que ha participado activamente en la audiencia y velará por el cuidado de la perrita, que permanece bajo resguardo en la veterinaria municipal.
Desde el Ministerio Público se explicó que la pena por este delito no supera los 3 años, lo que, en muchos casos de la unidad de flagrancia, no amerita la prisión preventiva. Ahora, el Ministerio Público tiene un plazo de 24 horas para formular la denuncia y posteriormente se fijará fecha y hora para juicio oral.
La decisión de que Carlos Segura Losa lleve su proceso en libertad ha generado preocupación. No se ha solicitado prisión preventiva ni se han impuesto restricciones como exámenes psicológicos o psiquiátricos, a pesar de las inquietudes planteadas sobre su posible desequilibrio y la cercanía del lugar de los hechos a centros educativos.
