El abogado de IDL, Carlos Rivera, califica la decisión del fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez, como un golpe devastador orientado a generar impunidad en casos de corrupción transnacional, crímenes contra los derechos humanos y redes de corrupción judicial.
En una reciente entrevista, el abogado y especialista en derechos humanos de IDL, Carlos Rivera, analizó la reciente resolución administrativa que dispone la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Eficop, Eficavip y Cuellos Blancos,. Para Rivera, este hecho, aunque previsible por los anuncios previos de Tomás Aladino Gálvez, reviste una “gravedad inmensa” para el sistema de justicia del país.
Rivera sostiene que la disolución de estas unidades representa el cumplimiento de los objetivos de grupos de poder, organizaciones delictivas y partidos políticos investigados. Según el letrado, la medida elimina una estructura orgánica especializada en delitos complejos como lavado de activos, organización criminal y violaciones a los derechos humanos.
El impacto inmediato, advierte Rivera, es un retraso injustificado en las investigaciones. Al redistribuirse las carpetas fiscales a otras fiscalías que carecen de la especialidad y el conocimiento acumulado durante años, existe un “riesgo latente” de que los casos queden en la impunidad.
Casos emblemáticos en la cuerda floja:
Caso Eficavip: Rivera calificó este equipo como “sumamente eficiente”, señalando que las investigaciones sobre las masacres en Ayacucho, Puno y Juliaca estaban a punto de concluir y presentar acusaciones,. Con la desactivación, este esfuerzo trascendental simplemente se ha “diluido”.
Caso Lava Jato: Considerado por Rivera como la investigación de corrupción transnacional más importante de las últimas décadas, cuyos “principales clientes” son precisamente los partidos políticos con representación en el Congreso,.
Cuellos Blancos: Rivera enfatizó la ironía de que Gálvez desarticule el equipo que lo investiga por sus propios vínculos con esta red de corrupción judicial,.
Para el abogado de IDL, esta no es una decisión aislada, sino el resultado de un proceso político articulado desde el Congreso de la República para capturar la fiscalía,. Rivera afirma que se ha ejecutado un plan de “demolición” contra fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez para allanar el camino a una “fiscalía amigable” que no incomode al poder de turno.
En este contexto, Rivera describe a Tomás Aladino Gálvez no como un fiscal de la nación que defiende a su institución, sino como un “instrumento administrativo” que actúa bajo los intereses de los investigados.
Ante el debilitamiento del Ministerio Público, Rivera señala que el Poder Judicial queda como el último punto de defensa de la legalidad, aunque ahora los jueces enfrentarán una “mucho mayor soledad”. El jurista alertó que, si el Ministerio Público —como titular de la acción penal— deja de investigar o entorpece las carpetas, los casos podrían ser archivados antes siquiera de llegar a manos de un juez.
Finalmente, Rivera hizo un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes para mantenerse vigilantes ante lo que considera el inicio de una campaña que buscará exacerbarse conforme se acerquen las próximas elecciones generales.
