Ante la falta de liquidez de la Municipalidad Provincial de Tacna para cubrir el pago del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de 22 trabajadores, el dirigente Limber Calderón señaló que ha surgido la propuesta de que los empleados continúen trabajando más allá de los 70 años hasta que exista presupuesto.
Calderón defendió la viabilidad de esta medida asegurando que no existe una norma jurídica que sancione a una entidad o funcionario por permitir que un servidor de 70 años siga laborando si no se le ha pagado su liquidación. «Lo que nosotros estamos buscando es que se respete la ley: llegas a los 70, te pago tu CTS y quedas desvinculado. Eso es lo correcto», explicó.
El dirigente dirigió críticas hacia la jefa de Recursos Humanos, cuya remoción ha solicitado formalmente. Calderón argumenta que hubo una falta de planificación, ya que el área debió «pelear» y programar los recursos necesarios en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para los ceses previstos este año.
Asimismo, Calderón puso en duda la prioridad del gasto municipal, señalando que, según el portal de transparencia, se han destinado 24 millones de soles a consultorías y personal CAS. «Se han tirado la plata en inspectores de tránsito, en banderas… y no les estaban guardando la plata a los que se jubilaban», reclamó, calificando la situación como un «cese indigno» para quienes han entregado su vida a la institución.
Aunque Calderón reconoció la «buena predisposición» y el gesto del gerente municipal Jonatan Ríos al pedir disculpas por la forma en que se emitieron las resoluciones de cese, el sindicato se mantiene en constante vigilia. Mañana, miércoles 7 tras conocer la decisión del alcalde, el gremio convocará a una asamblea para determinar si inician acciones de lucha más drásticas, buscando siempre no afectar la atención al público.
Se encadenan tras cese sin beneficios y denuncian millonario gasto en la MPT
Ante la crisis financiera que atraviesa la Municipalidad Provincial de Tacna, se ha planteado enfrentar el cese de 22 trabajadores que alcanzaron el límite legal de edad para jubilarse. La propuesta consiste en permitir que continúen laborando después de los 70 años hasta que la institución cuente con los recursos necesarios para pagarles la totalidad de sus beneficios sociales.
La iniciativa fue expuesta por el dirigente sindical Limber Calderón, quien explicó que la municipalidad ha reconocido no tener la capacidad económica inmediata para asumir el pago de las liquidaciones correspondientes. En ese contexto, la “continuidad laboral” surge como una salida frente a lo que califican como un cese sin pago.
Calderón sostuvo que no existe una norma jurídica que sancione a una entidad pública o a un funcionario por permitir que un trabajador continúe laborando luego de cumplir los 70 años si no se le ha cancelado su liquidación. Incluso, desafió a especialistas en derecho laboral a demostrar lo contrario, asegurando que la normativa vigente no prohíbe dicha medida.
El dirigente fundamentó su posición en el Informe Técnico de Servir N.° 769-2024, el cual —según su interpretación— establece el principio de simultaneidad entre el cese por límite de edad y el pago de los beneficios sociales, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Bajo este criterio, si no se concreta el pago, el vínculo laboral no debería darse por terminado de manera efectiva.
Si bien la propuesta ha generado controversia, Calderón aclaró que la idea surgió tanto desde el sindicato como en el marco de las mesas de diálogo con el propio gerente municipal. No obstante, también ha sido cuestionada, ya que implicaría que los trabajadores permanezcan vinculados a la municipalidad pese a haber cumplido su ciclo laboral, postergando su derecho al descanso y a proyectos personales.
Desde el sindicato se señala que esta situación es consecuencia de una falta de previsión presupuestal. Denuncian que la oficina de Recursos Humanos no aseguró oportunamente el presupuesto necesario para cubrir los ceses programados y que, en cambio, se priorizaron otros gastos, como más de 24 millones de soles destinados a consultorías y contratación de personal bajo el régimen CAS. Asimismo, cuestionan que las resoluciones de cese emitidas inicialmente no consignaran los montos exactos de los beneficios, lo que califican como un “cese indigno”.
