Con el objetivo de frenar las extorsiones telefónicas que se originan desde los centros penitenciarios, el jefe de la oficina regional de Osiptel en Tacna, Alejandro Palza, dio a conocer los alcances de una nueva normativa que obliga a las empresas operadoras a bloquear de manera inmediata las líneas y equipos móviles que funcionen desde el interior de los penales, utilizando tecnologías de geolocalización.
El funcionario explicó que esta medida responde a una problemática recurrente evidenciada en operativos inopinados realizados a nivel nacional. “En prácticamente todos los centros penitenciarios se han encontrado teléfonos celulares, desde donde se coordinan extorsiones y otros delitos que afectan a la ciudadanía”, señaló Palza, remarcando que el uso indebido de estos equipos representa una amenaza directa a la seguridad ciudadana.
La norma establece que las empresas operadoras deberán realizar un monitoreo permanente de las estaciones de radiocomunicación que brindan cobertura a establecimientos penitenciarios, centros juveniles y zonas de alta seguridad. Una vez confirmada la comunicación desde un área restringida, estarán obligadas a ejecutar el corte del servicio y el bloqueo del terminal, además de informar a Osiptel y al Ministerio de Justicia en un plazo máximo de 24 horas.
Uno de los aspectos más relevantes de la disposición es la implementación de alertas en tiempo real al usuario. Detalló que, si una llamada o mensaje proviene de un penal y aún no ha sido bloqueado, el ciudadano recibirá de inmediato una locución de voz y un mensaje SMS advirtiendo sobre el posible origen. “Esto permitirá que la persona esté prevenida y evite ser víctima de extorsión u otro delito”, precisó.
Respecto a los vecinos que viven en zonas cercanas a los penales, como ocurre en los alrededores del establecimiento penitenciario de Pocollay, aclaró que podrían registrarse bloqueos erróneos. Sin embargo, indicó que los usuarios afectados podrán presentar un reclamo sustentado con recibos de servicios básicos y otros documentos que acrediten su domicilio. “De comprobarse el error, la línea y el equipo serán reactivados”, afirmó.
Finalmente, Palza informó que la medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 0139-2025, publicada en enero, y entrará en vigencia dentro de aproximadamente cuatro meses, periodo en el cual las operadoras deberán adecuar sus sistemas. “Es una norma orientada a cerrar el paso a la delincuencia y proteger a los ciudadanos. Su correcta implementación será clave para fortalecer la lucha contra las extorsiones en el país”, apuntó.
