El jefe de la oficina defensorial de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas Valderrama, informó que el 2025 fue un año “bien tenso” en cuanto a protección de derechos, registrando un total de 2,668 casos presentados por la ciudadanía.
Según explicó, las municipalidades provinciales y distritales continúan liderando el ranking de instituciones más quejadas, seguidas por los sectores de salud, educación y justicia, así como empresas públicas y privadas que prestan servicios básicos.
Señaló que los problemas más frecuentes se relacionan con trámites y procedimientos administrativos, donde persiste la demora en la atención de recursos impugnatorios, reconsideraciones y apelaciones.
“El ciudadano quiere una respuesta, sea positiva o negativa, pero fundamentada. Ya basta de la cultura del peloteo dentro de las instituciones públicas”, enfatizó, destacando la necesidad de respeto y eficiencia en la atención a la población.
En materia de salud, el defensor alertó sobre la falta de médicos, citas demoradas y ausencia de medicamentos, además de la saturación en hospitales y centros de atención. “Se atiende muy poco tiempo al paciente y muchas veces no se le explica correctamente el tratamiento; hace falta humanidad y empatía en la atención”, indicó, subrayando que estas carencias generan constantes quejas ciudadanas.
El sector educación también evidenció problemáticas significativas, sobre todo por el aumento de casos de bullying y violencia escolar. Vargas Valderrama resaltó que, según sus registros, hasta noviembre de 2025 se habían reportado alrededor de 700 casos, sin contar los incidentes no denunciados.
En esa dirección, el defensor enfatizó la importancia de la participación activa de padres, docentes y autoridades para abordar estos conflictos, incluyendo atención psicológica a menores y familias.
Para cerrar, el funcionario anunció que la oficina celebrará este martes su 24° aniversario en Tacna con una jornada de orientación ciudadana en la plaza Patricio Conti Olivares de Cono Sur desde las 9:00 a. m., priorizando la atención de casos de violencia familiar. “Invitamos a toda la población a acercarse; nuestro trabajo es guiar, proteger derechos y supervisar que las instituciones cumplan con sus obligaciones”, concluyó.
