En mérito al caso del alcalde Demetrio Cutipa, detenido por violencia y resistencia a la autoridad, el abogado Hans Ríos explica que, debido a un acuerdo plenario de la Corte Suprema, las penas por agresiones menores a efectivos policiales han sido adecuadas bajo criterios de proporcionalidad. Pero aún así el futuro del cargo municipal también está en juego. Ríos advirtió que, según el Código Penal y las normas vigentes, una sentencia consentida de apenas dos días sería suficiente para que se pueda proceder con la vacancia del alcalde.
Aunque inicialmente se consideraron sanciones de hasta seis u ocho años de cárcel, el abogado Hans Ríos consultado por Radio Uno, aclaró que un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema emitido en 2016 establece límites específicos para estos casos.
Según explicó Ríos, este acuerdo surgió para corregir la «desproporcionalidad» en las condenas tras el mediático caso “Silvana Buscaglia” donde la referida ciudadana fue condenada a 6 años y 8 meses de cárcel por dar una bofetada a un policía en el año 2020. De tal manera, que el criterio actual de la Corte Suprema dicta que acciones como empujones, escupitazos o bofetadas contra la autoridad no deben ser reprimidas con penas excesivas de cárcel, sino que deben regularse según la gravedad de las lesiones. Es así, que en el caso específico del alcalde del distrito Alto de la Alianza, Ríos señaló que si las lesiones del efectivo policial se califican con un solo día de asistencia médica, la pena máxima sería de tres años de prisión.
No obstante, debido a figuras como la flagrancia o la reducción de tercios, esta condena podría reducirse a un año o incluso ser cambiada por servicios comunitarios.
El especialista detalló que la gravedad de la sanción depende directamente del daño físico causado:
Faltas: De 1 a 10 días de lesión
Lesión simple: De 10 a 30 días
Violencia con agravante: Solo si el policía es «masacrado» o golpeado severamente, la pena escala de tres a seis años, o incluso más.
En el caso del alcalde Demetrio Cutipa, Ríos observó en videos que existe evidencia de que la autoridad intercedió y atacó las funciones policiales sin que mediara una provocación o amenaza previa, lo que complica su situación jurídica y justifica su actual detención
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía, que tiene un plazo de 48 horas para decidir si libera al burgomaestre, continúa con la investigación o solicita un proceso inmediato ante un juez
«La posibilidad de que tenga que irse al penal no es factible bajo ninguna circunstancia» debido a la interpretación actual de la ley para este tipo de incidentes menores, concluyó el abogado.
Alcalde Cutipa permanece detenido y podría enfrentar cárcel efectiva
