Durante su reciente visita a Tacna, la candidata presidencial por el partido Fuerza y Libertad, Fiorela Molinelli, se refirió de manera directa a su situación jurídica vinculada al denominado Caso Chinchero. Molinelli, quien fue viceministra durante la firma de la adenda en 2016, calificó las investigaciones en su contra como una “persecución política” impulsada por el fujimorismo.
La candidata explicó que la adenda que promovió tenía como objetivo evitar la caducidad del contrato y proteger al Estado de futuros arbitrajes. Según Molinelli, la anulación del contrato por presiones políticas, incluida la del entonces contralor Edgar Alarcón, derivó en que el Perú tuviera que pagar 350 millones de dólares a la empresa involucrada. Un arbitraje internacional, indicó, validó la legalidad de la adenda y determinó que el Estado actuó de manera indebida al cancelarla.
Molinelli enfatizó que ha obtenido fallos a su favor en diversas instancias y que a pesar de estas decisiones, criticó que la Fiscalía aún mantenga un pedido de 10 años de prisión por presunta colusión. Molinelli defendió que las reuniones en el ministerio y la gestión de adendas son parte de la administración pública y no constituyen delito: “A los fiscales hay que darles un poquito de clase de gestión pública”, afirmó.
La candidata aprovechó la ocasión para marcar diferencias con otros líderes políticos: aseguró que siempre ha dado la cara ante la justicia y no se encuentra prófuga. En línea con su propuesta de campaña, reiteró: “He prometido que a partir de mi gobierno, el 28 de julio, capturamos a Vladimir Cerrón en 90 días”, subrayando su objetivo de levantar la moral del país y erradicar los “pactos mafiosos” que, según Molinelli, prevalecen en el Congreso actual.
