El abogado Miguel Díaz calificó la intervención contra Ysrael Rivera como una ruptura de la cadena legal y anunció denuncias penales contra los efectivos responsables, incluyendo al comisario de la zona.
El letrado, encargado de la defensa técnica del corresponsal de Radio Uno, Ysrael Rivera Quispe, calificó de «totalmente ilegal» la retención de su patrocinado por parte de la Policía Nacional en la provincia de Tarata. Según Díaz, los efectivos policiales han incurrido en un claro abuso de autoridad al desnaturalizar el procedimiento de control de identidad para restringir la libertad del comunicador mientras ejercía su labor.
Díaz explicó que el control de identidad es una diligencia prevista por la ley exclusivamente para la prevención de delitos o para recabar información sobre hechos punibles, respetando siempre los derechos fundamentales. En el caso de Rivera, el abogado señaló que no se cumplía ninguno de estos supuestos, ya que el periodista se encontraba en la vía pública registrando un hecho de interés público.
«El solo momento en que el policía le solicita el DNI, ellos tienen el camino correcto y legal. Al ver que ya tenían la identificación, han debido entregársela y dejar que siga con su trabajo», afirmó Díaz. Para el especialista, la «cadena legal se rompió» en el instante en que los efectivos obligaron al periodista a subir al patrullero a pesar de que este ya había entregado su documento de identidad de manera física.
El abogado identificó directamente al suboficial de primera Jimy Ulloa Cossio como el autor de la intervención y señaló que este actuó bajo la «venia» del comisario de Tarata, el mayor Jorge Valencia. «Ambos cometieron abuso de autoridad. No pueden retener a una persona bajo el pretexto de falta de sistema para realizar consultas; eso está totalmente prohibido y proscrito por el Tribunal Constitucional», enfatizó el letrado.
Asimismo, Díaz recordó que el derecho a registrar imágenes en la vía pública está protegido. «Una persona puede acceder a videos y audios en la vía pública; es absurdo lo que está haciendo la policía al intentar impedir que un ciudadano o periodista filme», añadió, comparando la situación con la función de las cámaras de seguridad particulares.
Ante la gravedad de los hechos, la defensa legal anunció un Habeas Corpus. Si la retención superaba el límite máximo de 4 horas establecido para el control de identidad (que vencía aproximadamente a las 13:00 horas), se procedería a presentar este recurso ante el juzgado de turno para exigir la libertad inmediata. Además confirmó que el lunes se presentará una denuncia formal contra los efectivos intervinientes por el delito de abuso de autoridad.
Díaz hizo un llamado público al fiscal penal de turno de Tarata para que se apersone a la comisaría e intervenga ante lo que calificó como un «delito en flagrancia» cometido por los miembros de la PNP.
